El empresario sevillano Luis Castel controla la empresa Azagra -que acaba de entrar en concurso de acreedores autorizado por el juzgado Mercantil número 1- mediante varios trabajadores y colaboradores habituales suyos, según han desvelado a Viva Sevilla fuentes cercanas a Azagra.

Tras varios cambios de accionariado y tras la paralización del proyecto de los trece aparcamientos al incluir terrenos que no eran de titularidad municicipal, en contra de lo que aparecía en el contrato de adjudicación, Equipark, y Azagra, terminó controlada por Garsilia 21, sociedad cuya solvencia se limita a 3.005 euros de capital y propiedad de Luis García Lira, estrecho colaborador de Luis Castel. Tras el cambio de denominación de la empresa, el nuevo administrador único es Sena Iniciativas, presidida por Ignacio Pérez Hidalgo, considerado mano derecha de Luis Castel en varias empresas.

El propio Castel encabezó una reunión con la plataforma de afectados del aparcamiento del Valle, en la que se presentó como “nuevo propietario de la sociedad Azagra SA, matriz de Equipark”, según consta en los propios escritos de la asociación. Le acompañaban el nuevo responsable de Equipark, ahoraResipark, Patricio Jiménez Ortiz, y el arquitecto “nombrado por Castel”, Luis Ybarra Gutiérrez.

Luis Castel, que no ha contestado a ninguna de las llamadas realizadas por este medio, se hizo muy conocido por su supuesto interés en la compra de las acciones de Manuel Ruiz de Lopera en el Real Betis Balompié, que sólo le proporcionó cierta notoriedad, y cuyo portavoz era Blas Ballesteros, exdelegado municipal de Tráfico. También ganó notoriedad al organizar Ficcar, un festival casi paralelo a Sicab y que contó con el patrocinio de Cajasol y la Diputación de Sevilla.

Las aventuras empresariales de Castel nunca han estado exentas de polémica, entre ellas su llamada a declarar ante el juzgado por su relación con José Salas Burzón, en prisión y responsable de Contsa, por la compra de un préstamo de 3 millones y un piso de 400.000 euros justo antes de la suspensión de pagos de esta empresa.

En concurso y sin parking

Siguiendo con Resipark, tras no desbloquearse la situación ni devolverse las fianzas aportadas por los particulares que habían comprado sus plazas, la solución ha llegado con el rescate de la adjudicación mediante procedimiento de resolución. Así, los servicios jurídicos del Ayuntamiento han considerado “no autorizable” a Garsilia 21 como beneficiaria de la transmisión de los contratos de obras y que MAG3 transmitió sin autorización la participación social de Resipark. Al ser causas imputables al contratista, procederá a incautar la fianza, además de que la adjudicataria deberá indemnizar al órgano de contratación de los daños y perjuicios.

Este frente judicial es uno de los que se abren a Azagra y al resto de sus sociedades una vez que el juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla haya declarado el concurso necesario de acreedores de la constructora, cuya deuda se encuentra entre los 270 y 300 millones de euros, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

El administrador concursal de Azagra será Pricewaterhouse, que tendrá que gestionar no sólo la deuda y las actuaciones pendientes o en obras de la sociedad, sino también el procedimiento administrativo abierto por Resipark -cuya sede ha sido clausurada, así como los teléfonos de atención al cliente, según Europa Press- contra el Ayuntamiento pidiendo la nulidad de la adjudicación inicial de los 13 aparcamientos, al incluir suelos privados, y el rescate de la concesión, por la “falta de fundamento y criterio” al remontarse a la transmisión entre sociedades.

La quinta demanda buscando los avales, más los intereses

El martes se presentaba la quinta demanda colectiva de los afectados por los aparcamientos no ejecutados por Resipark, que ni poseen la plaza prometida a los que no se les ha devuelto los mil euros de fianza entregados cuando concertaron su aparcamiento con la empresa.

Según el despacho De Ávila Asociados, que aglutina la mayor parte de las demandas, el objetivo es que se devuelva el dinero de la fianza a los afectados y, además, que se les abonen los intereses y los gastos judiciales.
El despacho posee copia de que existen 700.000 euros, correspondientes a los avales entregados, consignados en el Ayuntamiento, por lo que esperan que el juez sentencie a su favor para embargar esos avales. “Ese dinero estaba y debe seguir”, aseguran.

Los afectados se reunirán con el Ayuntamiento para abordar la nueva situación y en qué afecta el recurso presentado por Resipark. Si ésta entrara en concurso de acreedores como Azagra, dirigirían entonces sus demandas contra el Ayuntamiento.