Tras meses de búsqueda, La clínica Ciudad de Udine, en el norte de Italia, había sido la única que se había ofrecido a cumplir una sentencia de Tribunal Supremo que autorizaba a la familia Englaro a retirar la sonda alimenticia que mantiene con vida a su hija, una mujer de 38 años en estado vegetativo desde 1992 debido a un accidente de tráfico.
Todo estaba preparado para que Eluana Englaro fuese trasladada a este centro el pasado 16 de diciembre, pero la clínica de Udine suspendió la operación, ya que justo algunas horas antes el Ministerio de Sanidad envió una circular en la que se prohibía a todos los centros médicos, tanto públicos o privados, que interrumpiesen la alimentación a pacientes en estado vegetativo.
Ante esta orden, la clínica concertada de Udine ha vivido durante semanas el dilema de acoger a la mujer italiana y desobedecer así la directiva ministerial, o aplicar una sentencia del Supremo y cumplir la voluntad de la familia Englaro.
Tras semanas de reuniones con abogados y técnicos, la clínica indicó ayer en un breve comunicado que se ha visto obligada a replantearse su decisión inicial por las posibles consecuencias que pueden derivar de desobedecer a Sanidad.
“Estamos obligados a retirar nuestras disponibilidad para acoger a Eluana Englaro y al equipo de voluntarios externos (que se habían ofrecido a desconectarla) y adoptar así la sentencia emitida por el Tribunal de apelación de Milán del 9 de julio de 2008 y que ratificó el Tribunal Supremo el pasado noviembre”, se lee en la nota.
La clínica Ciudad de Udine justificó su decisión al considerar que “el Ministerio de Sanidad podría adoptar medidas que podrían poner en peligro la actividad del centro, y, por tanto, hacer peligrar el puesto de trabajo de 300 personas”.
Los responsables del centro médico mostraron su “pesar” por tener que haber dado marcha atrás a la hora de “dar a Beppino Englaro el apoyo logístico necesario para acoger la voluntad de su hija, Eluana”.
Por ahora, Giuseppe Englaro, quien ha luchado durante una decena de años para que la Justicia le concediese desconectar a su hija, sólo ha expresado en una nota su “gratitud” a la clínica por su trabajo y su “respeto” ante su última decisión.
El secretario de Estado de Interior, Alfredo Mantovano, aplaudió la decisión de la clínica y recordó al resto de centros médicos que aplicar el fallo del Supremo “se podría transformar en una directa lesión al derecho a la vida y, por tanto, en un homicidio”.
