La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado hoy que es la Junta la que cometió un "error" que favoreció la viabilidad del hotel de El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que deberá solventar de acuerdo a las sentencias judiciales.

En rueda de prensa en Almería para presentar los Presupuestos Generales del Estado, Crespo ha acusado a la Junta y al anterior Gobierno socialista de querer echar "la patata caliente" del Algarrobico al nuevo Ejecutivo con la firma de un convenio entre ambas administraciones para sufragar los gastos de la demolición del hotel y la recuperación del espacio natural cuando los fallos judiciales lo permitan.

Crespo ha recordado que este convenio fue firmado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y la ministra del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, el pasado 15 de noviembre, cinco días antes de las elecciones generales, y cuando los sondeos apuntaban a un cambio de Gobierno.

Este convenio, con el que el Ministerio se comprometía a financiar la demolición de la edificación, mientras que la Junta de Andalucía se haría cargo del desescombro y la gestión de los residuos, tuvo fines "electoralistas", ha subrayado.

Crespo ha expresado su "absoluto convencimiento" de que la responsabilidad en El Algarrobico es de la Junta de Andalucía, puesto que en 2004 cambió la planimetría del paraje protegido para hacer posible la viabilidad del hotel.

La delegada del Gobierno ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado recientemente a la Junta a devolver al sector la catalogación de espacio protegido no urbanizable, tras un fallo del Tribunal Supremo.

Crespo ha recordado que el hotel, paralizado por orden judicial, todavía se encuentra pendiente de varios recursos, pero ha insistido en que deberá ser la Junta la que tendrá que solventar su "error" de acuerdo a lo dictado por los fallos judiciales.

Sudelegación dice que las competencias para actuar en El Algarrobico tras el fallo del Supremo son de la Junta

La Subdelegación del Gobierno en Almería señaló recientemente que es la Junta de Andalucía la que tiene asumidas las competencias para actuar en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y ha considerado "ilógico" que desde la Consejería de Medio Ambiente se inste al Ejecutivo central a intervenir en la playa de El Algarrobico tras la sentencia que confirma que el hotel de Azata del Sol vulnera la Ley de Costas.

"Es precisamente la Junta la máxima responsable de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS)", ha indicado en un comunicado después de que la delegada de Medio Ambiente, Sonia Rodríguez, atribuyese al ministerio que dirige Miguel Arias Cañete "dejación de funciones" y le instase a cumplir la normativa de Costas.

Para la Subdelegación, de haberse producido esa "dejación de funciones", sería "imputable precisamente" a la Consejería andaluza, a la que, en esta línea, ha reprochado que no asuma las competencias en "otros problemas similares" que se dan en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar. En concreto, ha hecho referencia a las "más de 60 denuncias" de su propietario que "acumula" la Delegación Provincial con respecto a la ocupación del paraje de la Cala de San Pedro.

Ha defendido, al hilo de esto, que el Gobierno de España es la administración que "a día de hoy trabaja de una forma más efectiva por la provincia de Almería" y ha apuntado como ejemplo las inundaciones periódicas en la Balsa del Sapo, en El Ejido, "donde pronto la Administración del Estado aportará soluciones mientras que la Junta sigue acumulando retrasos en todas sus actuaciones".

Con respecto al protocolo suscrito en noviembre por la anterior titular del Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para proceder a la demolición del hotel de Azata del Sol y a la recuperación de la playa de El Algarrobico, ha considerado que se trata de un "mero acuerdo de intenciones firmado pocos días antes de celebrarse unas elecciones" y al que "ni siquiera se dotó con una partida económica para su puesta en marcha", según ha subrayado.