Así, y según la información que aporta la Institución en su página web, recogida por Europa Press, dicho "descontento" en la tramitación de los expedientes se debe tanto a lo relativo al tiempo de espera para recibir una resolución o, "al menos, una comunicación para que se complete o subsane la documentación presentada", precisa, como a lo referente a la tardanza en el abono de los periodos subvencionados una vez que la ayuda ha sido reconocida, "por todo lo cual el Defensor ha abierto la queja de oficio 12/1566", indica.
Según apunta la Defensoría, sobre esta situación "ya se dejó constancia" en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía del año 2010, a la vez que "fue objeto de seguimiento" durante el pasado año 2011 y en el inicio del presente año 2012, "pudiéndose constatar la gravedad de los retrasos", lamenta. En este sentido, apunta que "se han detectado importantes dilaciones" en el análisis de las solicitudes de subvención y la comprobación de la documentación presentada, en el plazo para dictar resolución expresa de la solicitud y para notificarla, así como en el plazo para abonar los periodos subvencionados una vez que ha sido reconocida la ayuda.
"Dichas dilaciones suponen no sólo el incumplimiento de los plazos previstos en la normativa reguladora de estas ayudas, sino también la quiebra de la confianza que los solicitantes han puesto en la Administración Pública", apunta, al tiempo que señala que en la mayoría de los casos "se trataba de personas que, por sus niveles de ingresos económicos, les sería muy difícil hacer frente a un alquiler sin la ayuda pública solicitada y que tenían la expectativa de recibirlas en los plazos previstos o, cuando menos, en un tiempo prudencial". "Ello, especialmente, cuando se sabe que algunas de estas ayudas pendientes de abonar pertenecen a convocatorias ya cerradas", añade.
Además, y aunque desde la Empresa Pública de Suelo de Andalucía "se viene aduciendo que la falta de disponibilidad presupuestaria condiciona tanto la resolución de los expedientes pendientes, como el pago de las ayudas reconocidas", que "están limitadas, por un lado, por el cupo de objetivos que se derivan del convenio suscrito entre la Administración General del Estado y la Junta, así como por la efectiva transferencia de fondos del citado Ministerio de Fomento a la Comunidad Autónoma", el Defensor entiende que "la falta de disponibilidad presupuestaria no ampara a los poderes públicos para mantener cientos de solicitudes pendientes de resolución o de abono".
"Espacialmente --continúa-- cuando se han rebasado ampliamente los plazos establecidos en la normativa, generando una situación de incertidumbre, desconfianza e inseguridad en la que las personas interesadas desconocen si, pese a cumplir los requisitos, van a recibir finalmente la ayuda para el alquiler".
Por todo ello, explica la Institución, "es necesario" que desde la propia Administración "se aclare la situación en la que se encuentran los expedientes de subvención a personas arrendatarias de viviendas no protegidas que, al momento presente, están pendientes de resolver y/o abonar, informando a la ciudadanía de forma transparente y veraz, conforme al principio de buena administración, evitando así la prolongación de situaciones de incertidumbre, inseguridad jurídica y falta de información de las personas que han confiado en la ayuda pública para asumir un alquiler".
En definitiva, las personas que presentaron sus solicitudes de ayuda al alquiler de viviendas no protegidas, en la creencia de que por cumplir los requisitos exigibles iban a recibirla y, de acuerdo con ello, habrían planteado económicamente sus presupuestos familiares, "tienen derecho a conocer, con certeza, qué va a ocurrir con tales ayudas", concluye el Defensor.
