En una entrevista con Efe, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, ha explicado que ese proceso se llevará a cabo de forma paralela a la tramitación de la Ley del Derecho a la Vivienda en el Parlamento andaluz y en la que se recoge la creación del registro de demandantes de VPO.
Ha rechazado las acusaciones del PP de desviación de responsabilidad jurídica hacia los ayuntamientos y de competencias en la Ley del Derecho a la Vivienda y ha asegurado que es un “debate falso”, y que los alcaldes del PP están de acuerdo con el registro porque “saben que es la forma de ordenar racionalmente la VPO”.
Ha aclarado que los ayuntamientos tienen que aprobar un plan de vivienda en el que se debe establecer el suelo sobre el que van a edificar y la programación y elaborar el registro de demandantes y ambas son “competencias municipales”, por lo que sería una “falta de respeto a la autonomía municipal” que la Junta diga a quién hay que adjudicar o confeccionar un registro autonómico, ha alegado.
“La obligación de la administración autonómica es financiar” esas actuaciones municipales, ha aclarado Juan Espadas, quien ha dicho que hay una “insolvencia grave” en las acusaciones” del PP.
No obstante, ha indicado que ha encargado a un equipo de catedráticos de Derecho Constitucional un informe por si hubiera algún problema, aunque ha insistido en que cuentan con el visto bueno del Consejo Consultivo.
“Los ciudadanos tienen la posibilidad de poner un pleito al Ayuntamiento”, ha resaltado Espadas en referencia a la prerrogativa que otorga la ley de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, que analizaría si los ayuntamientos han aprobado el plan municipal de vivienda y si está ejecutando su programación, que son competencias municipales.
El objetivo del registro es analizar con rigor la demanda de VPO en cada municipio y adaptar la oferta a las necesidades, si bien antes de elaborar el registro la Junta aprobará una orden en la que se establecerá un baremo para acceder al mismo, en el que primarán algunos requisitos frente al sorteo, que “a veces es injusto”.
Se tendrá en cuenta el nivel de renta familiar, la composición de las unidades, la exigencia del empadronamiento durante tres años, la localización del puesto de trabajo y un “elemento capital” que es saber si optan a una vivienda en propiedad o en alquiler, porque este dato servirá para impulsar el arrendamiento.
