Dimite el presidente del Parlamento balear tras rechazar el juez archivar su imputación

Publicado: 11/12/2012
Pere Rotger ha anunciado que presenta su dimisión, después de que el juez instructor de la ramificación balear del caso Gürtel, más conocida como caso Over Marketing, José Castro, haya rechazado esta mañana archivar su imputación en el marco de esta causa de presunta corrupción
El presidente del Parlamento balear, Pere Rotger, ha anunciado que presenta su dimisión, después de que el juez instructor de la ramificación balear del caso Gürtel, más conocida como caso Over Marketing, José Castro, haya rechazado esta mañana archivar su imputación en el marco de esta causa de presunta corrupción, en la que se encuentra encausado por la contratación presuntamente irregular de la empresa publicitaria por parte del Ayuntamiento de Inca, del que entonces era alcalde.

   Así lo ha informado Rotger en los pasillos del Parlament, coincidiendo con la celebración del Pleno y poco después de que los grupos de la oposición, PSIB-PSOE y PSM-IniciativaVerds-Entesa, hayan considerado que Rotger debía dimitir tras reafirmarse su imputación por el Ministerio Fiscal y después de que el juez instructor haya ratificado dicha situación.

   Con esta dimisión del presidente de la Cámara balear ya son dos las que se producen en esta institución, después de que en la pasada legislatura, concretamente, el 26 de febrero de 2010, la presidenta del Parlamento regional Maria Antònia Munar también dimitiera y renunciara al acta de diputada, a raíz de las acusaciones vertidas contra ella por el exconsejero de Turismo Miquel Nadal dentro del caso Maquillaje.

   Mientras, la defensa del expresidente y exprimer edil de Inca había solicitado el sobreseimiento del caso para el alto cargo del PP al alegar que la contratación de Over no guarda conexión alguna con la presunta trama de financiación ilegal del partido investigada en este procedimiento judicial, la Fiscalía Anticorrupción se opuso al archivo y este martes el magistrado ha desestimado finalmente la petición al considerar que sí pesan indicios delictivos sobre Rotger.

   Asimismo, la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares presentó el pasado 29 de noviembre un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que informa a favor de la petición de la defensa de Rotger, para que se archive su imputación en el caso Over Marketing, al considerar que no cometió "ningún delito", dado que el contrato que adjudicó a la empresa Over cuando era alcalde de Inca y que está siendo investigado "está de acuerdo con la normativa aplicable, ya que el trabajo se hizo y se ajustó a precio de mercado".

   Por su parte, el juez acordó su imputación después de que el exalcalde de Inca Rafael Torres apuntara en su declaración como encausado -posteriormente fue archivada su imputación- que fue su antecesor en el cargo quien encargó a la empresa Over la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, contratación presuntamente amañada por la que la mercantil acabó percibiendo 20.300 euros (17.500 sin IVA).

INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

   De hecho, un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Over y al que tuvo acceso Europa Press, revela cómo el expediente "adolece de todo rigor" al haber sido cursado como un contrato menor cuando la cantidad que le fue abonada ascendía a más de 20.000. El Instituto Armado incide así en la forma como fue supuestamente maquillada la contratación para darle forma de negociado en el que concurrieron otras empresas.

   Es más, el informe hace constar que "sería difícil desvincular de un Consistorio relativamente mediano y con un presupuesto no excesivamente alto del conocimiento del alcalde-presidente Pere Rotger el contenido y aprobación [del contrato] a Over". Asimismo, destaca el hecho de que no se opusieran a la aprobación de la factura, elevada a la Junta de Gobierno por el entonces teniente de alcalde Rafel Torres, ni la interventora municipal ni el asesor jurídico.

   El propio Rotger, quien el pasado mes declaró como imputado ante el juez, manifestó que ordenó encargar a la empresa Over la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, contratación presuntamente amañada por la cual la mercantil cobró 20.300 euros (17.500 sin IVA), si bien aseveró que "en esta cuestión estábamos los tres", al referirse a su sucesor como primer edil, Rafael Torres, al entonces jefe de prensa y a él mismo.

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