El Pleno del Senado ha aprobado la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, conocida como reforma local, que ha contado con los votos a favor de PP, PNV y UPN y el rechazo del resto de la cámara, incluida CiU. Las negociaciones entre este grupo y los 'populares' han retrasado dos veces la votación de la ley, aunque finalmente no se ha llegado a un acuerdo.
El proyecto se debatió en el Pleno de este lunes y quedó listo para la votación, pero las conversaciones continuaban y PP y CiU solicitaron un aplazamiento hasta esta mañana. El resto de los grupos aceptó, pero cuando hoy ha llegado el momento previsto para votar, han vuelto a pedir de nuevo más tiempo, hasta las 12,30 horas, cuando ha tenido lugar la última votación de leyes del día.
Las negociaciones entre los dos partidos se prolongaron ayer por la noche y han continuado esta mañana, pero sin resultado. El PP llevaba todo el día de ayer negociando enmiendas transaccionadas y llegó a varios acuerdos con distintos grupos para respetar en la ley las peculiaridades de los regímenes forales de Navarra, País Vasco y Aragón, así como de cabildos y consejos insulares.
CiU insistió entonces en la reivindicación que ya planteó cuando el proyecto llegó al Congreso, hace dos meses: que en Cataluña tenga prevalencia la ley catalana sobre la estatal, dadas las competencias recogidas en el Estatut. El portavoz convergente, Ferrán Bel, explicó la situación en la tribuna al admitir que su grupo no tenía decidido el voto dada esta negociación.
Bel felicitó a aragoneses, navarros, vascos e insulares por las enmiendas que habían logrado y criticó que no se hubiera dado un paso similar con Cataluña. "Va a ser difícil de explicar cómo se resuelve esto en Aragón, País Vasco, Navarra y las islas y no en Cataluña", dijo desde la tribuna. "Alguien va a tener que ir a explicar esto", agregó.
El aplazamiento de las votaciones ha servido al PP prolongar las negociaciones también con otros grupos y admitir esta misma mañana enmiendas de Coalición Canaria y del PNV.
AÑO Y MEDIO DE TRABAJO
El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas empezó a trabajar en este texto hace más de año y medio y llevó a Consejo de Ministros un primer documento en julio de 2012. Sin embargo, el texto provocó una gran polvareda incluso en las filas del PP y el debate ha ido prolongando la tramitación y la redacción de borradores, que han sido una treintena.
La iniciativa incluía inicialmente la posibilidad de suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la eliminación de sueldos en los pueblos más pequeños. Además, y fue uno de los asuntos más discutidos, se imponía lo que se llamó 'el coste estándar', la definición del precio que debían tener los servicios municipales si un ayuntamiento quería seguir prestándolos.
Estos y otros puntos se han ido modulando finalmente o incluso han desaparecido de la ley, como la supresión de ediles. La reforma incluye un nuevo reparto de competencias y despoja a los ayuntamientos de las que tenían en educación, sanidad y servicios sociales, que pasarán a manos de las comunidades en unos plazos definidos.
Sin embargo, podrán seguir ejerciéndolas si así lo acuerdan con las autonomías y mediante un convenio que incluya el pago correspondiente. La aplicación de este espinoso asunto queda además a expensas de la futura reforma de los sistemas de financiación autonómica y local, que deberá tener en cuenta esta novedad.
Además, se impone a lo largo de toda la ley el cumplimiento de la suficiencia financiera como objetivo principal para todo tipo de entidad local, se empuja a lograr costes eficientes en la prestación de servicios y se refuerza el papel de las diputaciones para hacer que así sea en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, las entidades locales menores y las mancomunidades sólo podrán subsistir si cumplen con la obligación de rendir cuentas a tiempo.
Por otro lado, se ponen topes a las retribuciones de alcaldes, que no podrán cobrar más que un Secretario de Estado en el caso de las grandes ciudades; también se limita el número de asesores que se puede contratar en un ayuntamiento y se devuelve la habilitación estatal a los interventores municipales, que de nuevo dependerán de Hacienda, entre otros asuntos.
MÁS FLEXIBILIDAD PARA CERRAR EMPRESAS LOCALES
La iniciativa ha sido reformada en el Senado. Se han incorporado en comisión 25 enmiendas parciales presentadas por el PP, así como dos del PNV y dos de Coalición Canaria para garantizar el respeto al régimen foral vasco y la singularidad de las Islas Canarias.
Este martes, el PP ha cerrado también una enmiendas con Coalición Canaria, para limitar el número de miembros del cabildo con dedicación exclusiva, y otra del PNV para cambiar sustancialmente las limitaciones sobre el sector público local.
En concreto, se modifica la prohibición de hacer aportaciones a las empresas municipales para aquellos ayuntamientos con plan de ajuste. Ahora, podrán hacerlas cuando en el ejercicio anterior hayan cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y pagan a sus proveedores a tiempo.
Además, se amplía el plazo hasta el 1 de diciembre de 2015 para disolver estas entidades cuando estén en desequilibrio y no se les haya impuesto un plan de corrección. Este plazo se lleva además hasta diciembre de 2016 cuando las entidades en desequilibrio presente alguno de estos servicios: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida y tratamiento de residuos y transporte público de viajeros.
En el Pleno de este lunes, el PP ya aceptó transaccionar una decena de enmiendas con casi todos los grupos. Una de ellas, pactada con Entesa, PNV y Mixto, cambia ligeramente el porcentaje que podrán cobrar los alcaldes de los pueblos más pequeños: de 10.000 a 20.000 habitantes, el 50% que un secretario de Estado; de 5.000 a 10.000, el 55% y de mil a 5.000, el 60%. También se remite el sueldo de los presidentes de cabildos y consejos insulares al del alcalde de la localidad mayor de la isla.
Además, aceptó dos enmiendas de UPN sobre el respeto al régimen foral navarro y otra del propio PP (a instancias del PAR) para atender el régimen de comarcas de Aragón; también, dos enmiendas basadas en textos de PSOE, Entesa y Mixto, para que las entidades menores sigan siendo consideradas entidades locales y para que los cabildos insulares baleares apliquen esta ley de acuerdo con su legislación específica.
SUELO PARA REDUCIR DEUDA
Entre las modificaciones introducidas por el PP en el Senado, destaca la que dará la posibilidad a los ayuntamientos de que dediquen patrimonio público de suelo a reducir su deuda comercial o financiera, aunque será de forma excepcional, con determinadas condiciones y con la obligación de reponer el importe en un plazo máximo de diez años.
Los 'populares' también han introducido dos enmiendas para vincular el traspaso de las competencias de salud y servicios sociales que ahora ejercen los ayuntamientos, y que con la reforma local pasarán a ser de las comunidades, a la nueva ley de financiación autonómica y local, anunciada por el Gobierno para el año que viene.
