La huida del etarra Alberto Plazaola, cuya orden de detención emitió el martes el Tribunal Supremo tras anular su excarcelación dictada por la Audiencia Nacional, se suma a la de otros casos similares protagonizados por destacados miembros de ETA como Antonio Troitiño, Josu Ternera o José Ignacio de Juana Chaos.
El 4 de diciembre Plazaola salía de la prisión coruñesa de Teixeiro -cumplía una condena de 36 años por dos delitos de asesinato frustrado- tras acordarlo la Audiencia Nacional en virtud de una decisión marco europea que prevé acumular penas por condenas cumplidas en cualquier país de la UE.
Una decisión polémica que llegó el martes al Tribunal Supremo, que acordó anular su puesta en libertad y, por tanto, proceder a su detención, si bien esta orden, según el Ministerio del Interior, llegó a las fuerzas de seguridad más de cuatro horas después de que los medios de comunicación hicieran pública la decisión del alto tribunal.
Cuando los agentes iban a cumplir con el mandamiento judicial, Alberto Plazaola ya había huido.
No es el único caso de fugas entre miembros de ETA en libertad y que, tras ser reclamados por la Justicia, han tenido que ser puestos en búsqueda y captura al no ser localizados.
Así, en 2011 Antonio Troitiño, cuya orden de excarcelación fue revocada días después de ser puesto en libertad y de cumplir 24 de los más de 2.200 años de prisión a los que había sido condenado por más de veinte asesinatos en los años ochenta.
Su puesta en libertad, prevista en principio para 2017 en aplicación de la "doctrina Parot", fue posible después de que la Audiencia Nacional aceptara su petición de realizarle una nueva liquidación de condena basándose en el criterio de "doble cómputo" fijado posteriormente por el Tribunal Constitucional.
El 19 de abril de 2011, tan solo seis días después de salir de la cárcel, la Audiencia Nacional la revocó y dictó una orden de busca y captura contra él, aunque para entonces Troitiño ya se encontraba en paradero desconocido.
No fue hasta febrero de 2014 cuando era de nuevo detenido en Londres acusado de reintegrarse en ETA, convirtiéndose en el primer etarra beneficiado por la derogación de la doctrina Parot que era arrestado, aunque por hechos acaecidos antes de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Anteriormente el diputado de Herri Batasuna Ángel Alcalde, en prisión incondicional por colaboración con banda armada desde agosto de 1988 y excarcelado el 1 de diciembre de 1989, huyó de su domicilio en Portugalete el 13 de diciembre de 1989, el mismo día en que el Congreso de los Diputados accedió al suplicatorio reclamado por el Tribunal Supremo que ordenó su ingreso en prisión.
El caso de José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea, "Josu Ternera", se remonta a enero de 2002 cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pidió su imputación por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, al estimar que en ese momento la banda terrorista estaba dirigida "de forma absoluta" por él.
Debido a su condición de parlamentario, esta decisión correspondió al Supremo, por lo que Urrutikoetxea fue citado por este tribunal el 6 de noviembre de 2002 y al no comparecer, fue citado nuevamente el 14 de noviembre, fecha en la que tampoco se presentó.
El juez entonces ordenó su ingreso en prisión incondicional y dictó una orden de busca y captura internacional contra él. Desde ese día permanece en paradero desconocido.
Otro de los casos más sonados fue el de José Ignacio de Juana Chaos que salió en libertad el 2 de agosto de 2008, tras cumplir 21 años en prisión por 11 atentados terroristas en Madrid que costaron la vida a 25 personas y que le valieron condenas que suman más de 3.000 años.
Al día siguiente abandonó España para instalarse en Dublín (Irlanda) y posteriormente en Belfast (Irlanda del Norte, Reino Unido). Precisamente en el tribunal de la ciudad norirlandesa se sigue un proceso de extradición que enfrenta a la Justicia española con la defensa del etarra.
Desde entonces también está en paradero desconocido, aunque diferentes medios de comunicación lo han localizado a partir de 2014 en Venezuela.
Sobre la etarra Maite Aranalde, el juez Eloy Velasco ordenó su ingreso en prisión el 26 de agosto de 2009, eludible bajo fianza de 12.000 euros por el delito de tenencia de explosivos.
A pesar de que el 1 de septiembre el juez Baltasar Garzón dictó una orden de busca y captura nacional e internacional contra ella, no pudo evitar la fuga de la etarra, quien volvió a la clandestinidad eludiendo a la Justicia.
Se da la coincidencia de que Jokin Aranalde, padre de Maite Aranalde, se había dado a la fuga en septiembre de 2004 cuando se encontraba en libertad bajo fianza y con la obligación de comparecer ante el juez cada quince días.
