La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha renovado un año más el Programa de Ayudas Económicas Familiares, que va destinado a prestar apoyo a familias con menores en situación de riesgo de exclusión social a través de la concesión de subvenciones. El convenio, por el que la Junta aporta 106.467 euros a lo largo de 2013, ha sido firmado este miércoles con los ayuntamientos de localidades de más de 20.000 habitantes y con la Diputación, que lo implementa en el resto de municipios de la provincia.
En rueda de prensa, la delegada del ramo en Huelva, Lourdes Martín, ha hecho hincapié en que el mantenimiento de este programa, que se viene ofertando ininterrumpidamente desde 1999, es "una muestra más de la apuesta de la Administración autonómica por la atención a las familias con necesidades y la cobertura de la población infantil en situación de riesgo". No obstante, ha señalado que este año ha descendido la cantidad en 10.000 euros, pero también el número de familias necesitadas.
Su coordinación corre a cargo del servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en colaboración con los servicios sociales comunitarios dependientes de los entes municipales.
Se consideran ayudas económicas familiares a aquellas prestaciones temporales, tanto dinerarias como en especie, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Su finalidad es la prevención, reducción o supresión de factores que generan situaciones de dificultad social para los menores, de manera que se evite su institucionalización y se posibilite a la vez su integración en el entorno familiar y social. Estas ayudas implican una intervención social complementaria.
Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Isla Cristina, María Luisa Faneca, ha reseñado que el ente provincial aporta a este servicio 100.000 euros, mientras que las aportaciones de los ayuntamientos van en función de la cantidad de población y del número de familias necesitadas de estas ayudas. Faneca ha destacado a su vez la ayuda en especies que se le facilita a estas familias a través del convenio con el economato Resurgir.
DESTINATARIOS
Según ha detallado la delegada, las personas destinatarias de estas ayudas son los padres, madres o tutores legales de los menores cuando concurren los siguientes aspectos: presencia de indicadores de riesgo para el menor en la dinámica familiar, existencia de necesidades básicas del menor que deban ser cubiertas, falta de recursos económicos en el hogar donde el menor resida o se reintegre, existencia de un programa previo de intervención familiar, pronóstico positivo sobre la resolución de la problemática detectada, y aceptación por parte de los destinatarios de la intervención de los servicios sociales comunitarios, comprometiéndose a cumplir los objetivos establecidos en el programa de intervención.
Junto a la carencia de recursos económicos, el perfil familiar también se caracteriza por dificultades para cubrir las necesidades básicas, así como la existencia de desajustes convivenciales que revelan factores de riesgo que previamente han sido diagnosticados por los servicios sociales.
Por lo general, estas familias presentan la siguiente radiografía: escasos apoyos familiares y sociales, falta de habilidades parentales, desempleo de larga duración o inestabilidad laboral, vivienda con déficits y condiciones inadecuadas o cambios frecuentes de domicilio; núcleos desestructurados por separación, divorcio o ausencia prolongada de alguno de los progenitores; presencia de patologías en los cuidadores principales, toxicomanías, problemas de salud, y escasa formación, entre otras dificultades.
Este programa es eminentemente de carácter preventivo, ha añadido Martín, teniendo como objetivo final preservar la integridad familiar de los menores, para lo cual apoya y rehabilita, cuando fuese necesario, las capacidades y habilidades de los padres y madres para hacerles más competentes en la atención a sus hijos e hijas.
La experiencia acumulada de años anteriores demuestra la alta efectividad de esta actuación. De hecho, al tratarse de situaciones de riesgo detectadas en un nivel de atención primaria, gracias al apoyo económico se consigue dar respuesta a las situaciones de dificultad familiar y se logran, por tanto, los objetivos marcados.
BALANCE 2012
Por otro lado, tanto la mejora en la gestión del programa, priorizándose las necesidades más básicas relacionadas con la atención directa de los menores --incluso algunos municipios han canalizado a través de los bancos de alimentos estas ayudas de primera necesidad--, como el incremento en la aportación económica por parte de las entidades locales y la Diputación, ha posibilitado un aumento paulatino en el número de familias y menores atendidos en los últimos años. Así, en 2012 el programa ascendió a un total de 369 familias beneficiadas con 761 menores.
En función de las distintas zonas de trabajo social, las ayudas gestionadas el año pasado por la Diputación en los municipios menores de 20.000 habitantes permitieron la atención de 70 familias con 187 menores, en el caso del Ayuntamiento de Huelva, 172 familias con 328 menores; en Lepe, 14 familias y 26 menores; Almonte, 63 familias y 115 menores; Isla Cristina, 22 familias y 54 menores; Ayamonte, 11 familias y 19 menores, y Moguer, 17 familias y 32 menores.
OTROS PROYECTOS
Por otro lado, asimismo la delegada ha destacado que las familias atendidas dentro de esta iniciativa participan en otros proyectos de intervención cuya finalidad es la mejora de las habilidades parentales en el cuidado y atención a sus hijos. Entre estas actuaciones destacan talleres de cocina, de cuidados básicos a la infancia o de organización doméstica, impartidos por la red de servicios sociales comunitarios de la provincia de Huelva.
En paralelo a estas subvenciones, desde los municipios existen otros tipos de ayudas económicas de emergencia social mediante las cuales se solucionan distintas necesidades diarias básicas que tienen las familias con menores con dificultades económicas, no requiriéndose de una intervención social complementaria.
