Hace años, la palabra desahucio se utilizaba para hacer referencia a situaciones anecdóticas, casos concretos y ajenos al día a día. Sin embargo, desde que la crisis irrumpiera hace ya más de cuatro años, el drama del desahucio, de echar a una familia de la que ha sido su casa, se ha multiplicado, y prueba de ello son los números, que nunca engañan.

Así, según se extrae de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) relativa a 2012, el incremento en los lanzamientos registrados el pasado año con respecto al anterior es de un 46%.

En derecho se denomina lanzamiento al acto mediante el cual se despoja a una persona de la posesión material de un bien inmueble, en ejecución de una resolución dictada por la autoridad gubernativa o judicial. Es la palabra técnica para designar lo que el común de los mortales llama desahucio, y según estos datos, si en 2011 se registraron 671 lanzamientos en los 4 servicios comunes de notificaciones y embargos -en La Palma, Ayamonte, Moguer y Huelva capital-, en 2012 ese número ascendió hasta 980.

Del total de lanzamientos, 591 tuvieron un cumplimiento positivo, es decir, que sus inquilinos tuvieron que abandonar su hogar. Por su parte, 394 tuvieron un cumplimiento negativo, y 71 quedaron pendientes al final de año.

La evolución de los desahucios sigue una línea ascendente en la provincia desde 2008. Si en ese año se registraron unos 200 lanzamientos, en 2009 rozaron los 250, en 2010 se elevaron a más de 400, para pasar a 671 en 2011 y los 980 de 2012. Es decir, que desde 2008, los alzamientos se han multiplicado un 390%.

No ha sucedido así con los embargos. Ya que el máximo se sitúa en 2009, cuando se alcanzaron los 3.261 embargos registrados. A partir de entonces, se ha producido un descenso, alcanzando los 819 en el último año.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, que se refiere al proceso completo desde que se deja de hacer frente a los pagos de una hipoteca ­y se denuncia en los tribunales -el alzamiento es una de sus consecuencias, pero no todas tienen por qué acabar en desahucio-, en 2012 se ingresaron 1.189 y se resolvieron 806, quedando pendientes al final del año 2.692. El TSJA resalta que tanto en la provincia onubense como en el resto Andalucía, la pendencia de ejecuciones hipotecarias es muy elevada.

Estas cifras reflejan el lado más amargo de la Justicia, y el TSJA ha dedicado un buen espacio en su memoria, pero también plantea otras cuestiones, y en el caso de Huelva, hace hincapié en las necesidades judiciales de la provincia.

Las carencias
Partiendo de la advertencia de que “un año más no ha sido posible proponer la creación de nuevos órganos judiciales, ya que no existen previsiones económicas y presupuestarias por parte del Ministerio de Justicia”, el TSJA, al menos, establece unas “necesidades mínimas”, que aún cumpliéndose, no cambiarían el hecho de poseer “una ratio de jueces por habitante inferior a la media europea”.

Para el máximo órgano de la Justicia andaluza, el rumbo a seguir pasa por la creación o aumento de plazas individuales de jueces o magistrados en vez de unidades u órganos judiciales completos.
En el caso de la provincia onubense, para la Audiencia de Huelva no pide ningún refuerzo, aunque sí recomienda especializar las secciones en civil y penal en “aras a la mayor eficacia”, ya que en la actualidad cuenta con tres secciones mixtas, que comparten trabajo de civil y penal.

En cuanto a los órganos judiciales, plantea la necesidad de un juez especializado para el Juzgado de Familia de la capital, ya que en la actualidad no se trata de un órgano exclusivo en la materia; dos nuevas plazas judiciales para los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ayamonte y La Palma, un juez más en el Juzgado de lo Mercantil, que también debería especializarse sólo en la materia; y una plaza nueva para los Juzgados de lo Social de Huelva.

Del mismo modo, el TSJA resalta la “desigualdad” en cuanto a carga de trabajo entre los distintos partidos judiciales, por lo que plantea una “redistribución de la planta judicial en la provincia”.

En este sentido, hace hincapié, como el año pasado, en la “necesidad” de que la Ciudad de la Justicia “vea la luz en el menor tiempo posible”, ya que “las obras transitorias en el Palacio de Justicia dejaron un edificio poco operativos”, destacando que “los juzgados unipersonales están dispersos en distintas sedes” y que “en el caso de los juzgados de lo Social, hay tres y tres sedes para cada uno, con los problemas que ello comporta”.

El TSJA resalta el fraude de los carnés de conducir
El TSJA reserva un apartado de su memoria a las macrocausas y la corrupción. En el caso de la provincia onubense, destaca el fraude de los carnés de conducir, que lleva el Juzgado de Instrucción 3 y en el que se encuentran imputado, entre otros, el jefe provincial de Tráfico y otras seis personas más. No obstante, no descarta que el número de imputados crezca, sobre todo entre “directores de autoescuelas y alumnos”. El TSJA resalta que los delitos que se les imputan van desde la prevaricación, cohecho, tráfico de influencias hasta falsedad documental y revelación de secreto.

También alerta de que el derecho penal no resulta “suficiente para resolver o minimizar el problema de la corrupción”, por lo que pide más medidas de control en el ámbito administrativo. “Sería necesario que esas medidas tendieran al fomento de la transparencia y mecanismos de control”, indica al respecto.