Acusados de usar maquinaria pesada para extraer áridos, eliminar vegetación y ampliar la anchura de un antiguo camino forestal
La Fiscalía de Huelva ha pedido tres años de cárcel para dos acusados de usar maquinaria pesada para extraer áridos, eliminar vegetación y ampliar la anchura de un antiguo camino forestal en zona de máxima protección del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).
La Fiscalía, según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, los considera responsables de un delito de daños en bien de dominio público, en concurso con un delito de construcción ilegal en suelo de especial protección y además de la pena de cárcel para cada les solicita el pago de una multa de más de 12.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante 3 años.
En concepto de responsabilidad civil, entiende la Fiscalía que los acusados, conjunta y solidariamente, deberán ejecutar un Plan de Restauración que aprobado por la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, suponga la regeneración total del terreno ilegalmente transformado para devolverlo a su estado anterior.
Relata el fiscal que los acusados, uno como encargado de una empresa, y el otro como administrador de otra mercantil de transportes, en la finca "Don Sancho", sita en el Paraje "Laguna de Palos" usando maquinaria pesada, en octubre de 2014 extrajeron áridos, eliminaron vegetación y ampliaron en anchura un antiguo camino sito en zona forestal y Zona A del POTAD, en la que se prohíbe cualquier cambio de uso.
El paraje afectado, colinda con la "Laguna de Palos" y el "Estero Domingo Rubio", el cual forma parte del Paraje Natural "Marismas del Odiel" y forma parte de los "LICS" de "Marismas y Riberas del Río y Estuario del Tinto" habiéndose también declarado "ZEPA" por la importancia de la avifauna existente en la zona (patos buceadores)
Para estos trabajos, los acusados no contaban con autorización alguna por parte de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento.
En definitiva, los acusados han realizando una actividad prohibida por la legislación urbanística y medioambiental vigente y llevado a cabo obras de urbanización en suelo sujeto a especial protección, como parte del dominio público forestal, afectando la orografía del terreno y causando unos daños y costes de restauración tasados por la Delegación de Medio Ambiente en unos 1.500 euros.
