El regreso al Ayuntamiento de alrededor de 70 afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2012 sigue en vía muerta a pesar de que están a punto de cumplirse ya cinco meses de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la lista definitiva de admitidos y excluidos en la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario y laboral promovida por el Consistorio en la pasada legislatura.
Entonces, los ex trabajadores
tenían la esperanza de reincorporarse al Ayuntamiento a lo largo del mes de enero, pero transcurrido el tiempo empiezan a surgir dudas acerca de la fecha en la que culminará ese esperado regreso. La publicación en el BOP incluía también la composición del tribunal calificador que debe baremar los méritos de los admitidos y asignar las plazas correspondientes.
Hay que recordar que la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario y laboral fue impulsada por el Gobierno anterior al amparo de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Esa oferta incluía 911 plazas para el Ayuntamiento y otras 156 para las sociedades y fundaciones municipales. En total se presentaron 3.765 solicitudes -la mayoría de empleados municipales-, si bien una misma persona podía optar a varios puestos.
Este procedimiento se dirigía especialmente al personal indefinido municipal y tenía como objetivo consolidar sus puestos como personal laboral fijo en el caso de que reunieran los requisitos exigidos para ello.
En teoría, la práctica totalidad de esos trabajadores podrá consolidar su plaza aportando la documentación que le fue requerida en su momento, pero aún así
quedan vacantes que tendrán que ser cubiertas por personal de nueva incorporación.
Y es ahí donde tienen ventaja los extrabajadores municipales, que cuentan con una mayor puntuación sobre el resto dado que acreditan una experiencia previa en el Ayuntamiento de Jerez.
El PSOE ya ha llevado el asunto a Pleno en un par de ocasiones, la última, el pasado mes de enero. Entonces,
el teniente de alcaldesa responsable del Área de Gobierno de Empleo, Economía, Patrimonio, Seguridad, Recursos Humanos, Simplificación Administrativa y Transparencia, José Ignacio Martínez, aseguró que se estaba trabajando “a destajo” en la resolución de los recursos presentados por los aspirantes y en la baremación de las plazas, recordando que había 2.878 solicitudes admitidas y que el personal destinado a realizar ese trabajo era “reducido”, de ahí la lentitud del proceso.
Claro que ahora ya han surgido otras dudas. Por ejemplo,
el hecho de que el Gobierno local haya renunciado en la práctica a aprobar un presupuesto para el presente ejercicio impide que exista el crédito necesario para asumir el sobrecoste que supondría incrementar la plantilla.
No hay que dejar de lado que el pasado mes de noviembre ya fue necesario aprobar una serie de modificaciones presupuestarias –por importe de 4,7 millones de euros- para garantizar el abono de los salarios hasta el final del ejercicio 2023, dándose el caso de que algo más de la mitad de ese crédito se destinó al pago de productividades y gratificaciones.
Desde entonces se han firmado además varios convenios que han incrementado aún más el gasto en materia de personal.
La propia diputada y concejala socialista, Mamen Sánchez, ya advirtió incluso hace apenas unos días de que el Ayuntamiento podría quedarse sin crédito presupuestario para hacer frente al pago de las nóminas en apenas unos meses, una escenario que se agravaría aún más en el supuesto de que se culminara ese proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario y laboral.
Entre los afectados por el ERE que podrían regresar al Consistorio gracias a esta vía –que son realmente lo más interesados en que se asignen las plazas- empieza a cundir el desánimo, mientras que
desde el PSOE avanzan ya su intención de volver a llevar este asunto al Pleno municipal.
