La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha iniciado una campaña encaminada a exigir a las administraciones públicas que las entidades bancarias hagan frente al abono de los impuestos que se derivan de la transmisión de una vivienda, algo que advirten no están haciendo a día de hoy.
El portavoz de este colectivo, Lorenzo Barba, aseguró que los bancos tratan de eludir el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales una vez se quedan con la titularidad del bien, no inscribiendo la nueva propiedad en el registro. De este modo se da la circunstancia de que la familia que ha sido desahuciada sigue constando en el registro como propietaria del bien, lo que le obliga a abonar conceptos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), entre otros.
Ayer mismo, Barba presentó un escrito ante la Unidad Tributaria de la Junta de Andalucía, exigiendo que actúe “a la mayor brevedad” para que la entidad financiera que le ha desahuciado de su vivienda pague el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, quedando de este modo liberado de cualquier obligación al respecto de este inmueble. La plataforma entiende que este tipo de hechos se ha convertido en “práctica habitual” de las entidades financieras, que tratan así de “defraudar” un dinero que debería ingresar en las arcas públicas esperando a que transcurran cuatro años para que prescriba la obligación de pagar el impuesto.
La diputada socialista Mamen Sánchez se comprometió a estudiar este asunto en el seno de su grupo parlamentario con el objetivo de presentar una iniciativa.
Las cargas vuelven al anterior propietario
La PAH ya ha puesto en conocimiento de la Junta dos casos en los que, según la normativa, tras pasar 4 años sin pagar impuestos, la carga vuelve al anterior propietario, es decir, a la persona desahuciada.
Consideran que esta práctica es injusta, por cuanto supone pagar el 8% de la ejecución hipotecaria, una cantidad a la que además debe añadirse un recargo del 10% por impago. En el caso concreto de Lorenzo Barba la administración reclama el pago de algo más de 7.000 euros. La plataforma exige a las administraciones que extreme su celo sobre los bancos, sobre todo teniendo en cuenta que están renunciando a unos ingresos.
El Puerto se posiciona del lado de los desahuciados
El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto aprobó ayer de forma inicial y a propuesta del equipo de Gobierno una modificación de la ordenanza fiscal que regula el pago de la plusvalía municipal para establecer que en aquellos casos en que se produzca la dación en pago como consecuencia de la ejecución hipotecaria, la plusvalía no tenga que pagarla el deudor ejecutado, sino la entidad bancaria que se hubiera quedado con la vivienda.
Según el Gobierno local, esta modificación se apoya en el cambio legal aprobado en el Congreso para la protección de los deudores hipotecarios sin recursos y en riesgo de exclusión social. También se moderan los tipos de interés moratorios aplicables a los contratos de crédito y a los préstamos hipotecarios.
