El Pleno aprobó este pasado viernes por unanimidad instar a la Junta de Gobierno Local a que proceda a tramitar el expediente administrativo de rescate, con la finalidad de asegurar la prestación del servicio municipal de transporte urbano, declarado por ley como “básico y obligatorio por ser de máximo interés público garantizar la estabilidad y normalidad de dicho servicio”.
La alcaldesa, María José García-Pelayo, aclaró que “aunque se inicie el procedimiento de rescate del servicio, paralelamente se intentará llegar a un acuerdo con Urbanos Amarillos para, de mutuo acuerdo, conseguir la rescisión de la concesión. Aunque lo que no vamos a permitir es que este gobierno y la ciudad sean rehenes de esta empresa después de la situación tan dramática que vivía el transporte público”. Y añadió que  “esta iniciativa se trae en el momento oportuno, cuando el Ayuntamiento está fuerte desde el punto de vista jurídico y económico frente a la empresa. No podíamos incorporar este servicio al Ayuntamiento en las condiciones en las que se encontraba”.
A raíz de esta noticia, los principales interesados en que todo el proceso culmine con normalidad el próximo mes de mayo es la plantilla que preta el servicio. El portavoz del comité de empresa, Ángel Morales, ha manifestado que espera que el proceso no se demore en el tiempo y ha destacado el hecho de que, al menos, la decisión municipal no tiene ya “marcha atrás”. En estos momentos, la plantilla se encuentra al día en los cobros y sólo espera percibir estos días la paga extraordinaria de Navidad, una situación que dista bastante de la vivida en los años anteriores.
El delegado de Movilidad, Agustín Muñoz, ha explicado que una vez se apruebe iniciar el trámite por parte de la Junta de Gobierno Local, la empresa tendrá un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones a este trámite y se remitirá al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía quien tendrá que emitir un dictamen no vinculante. “Hablamos siempre con el horizonte de mayo de 2014 que es cuando se cumplen los dos años del secuestro. Dos años en los que hemos trabajado intensamente”.
Muñoz ha recordado a su vez que se ha conseguido la estabilidad económica en el servicio, se ha alcanzado un acuerdo con la Seguridad Social y Hacienda que ha impedido los embargos, se está al día con el pago de las nóminas a la plantilla y se ha puesto en marcha una nueva red de transporte que ha conseguido duplicar  el número de viajeros.
Con el aval del Pleno, la Junta de Gobierno Local tendrá ya capacidad jurídica para romper la concesión que se encuentra “secuestrada” por el Consistorio desde mayo de 2012. De hecho, conviene recordar que este periodo de intervención expira en mayo de 2014, de ahí que sea necesario adoptar determinaciones al respecto si se pretende mantener en el tiempo este modo de gestión provisional.
La decisión ha llegado acompañada de otra buena noticia para el Ayuntamiento, ya que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la ciudad ha desestimado el recurso interpuesto por Urbanos Amarillos contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de los pasados 4 y 7 de mayo de 2012 por los que se procedió a “secuestrar” el servicio público de autobuses urbanos al entender que se ajusta a derecho.
La resolución judicial considera, en contra de lo argumentado por la empresa concesionaria, que no ha habido indefensión de ésta en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local para el secuestro del servicio y que la medida se adoptó para preservar un servicio esencial para los ciudadanos como es el transporte urbano de viajeros. Igualmente la sentencia considera que la medida se ajusta a la legalidad vigente. En este sentido, establece que “el secuestro de la concesión se configura por tanto en nuestro ordenamiento jurídico como una suerte de medida cautelar destinada a asegurar la prestación y continuidad del servicio”.
Asimismo, la sentencia recoge que Urbanos Amarillos “conocía suficientemente las obligaciones a las que se comprometió al acceder a la concesión y las condiciones en las que debía desarrollarla. Si en cuatro meses (desde finales de enero de 2012 hasta mayo del mismo año) no consiguió resolver el problema que afectaba al servicio público que gestionaba, debió resultarle razonable una actuación administrativa destinada a dar cumplimiento a la Ley. No puede así estimarse que se le haya causado indefensión alguna”.