El juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez ha notificado este martes al Ayuntamiento de Jerez el auto en el que decreta el archivo de la querella interpuesta por la empresa Urbanos Amarillos --la que fuera concesionaria del servicio de autobuses urbanos del municipio jerezano-- contra la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, cuatro ediles y técnicos municipales y dos trabajadores de este servicio pertenecientes al comité de empresa.
En declaraciones a los periodistas, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), ha explicado que una semana después de que varios delegados municipales --entre ellos el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña-- junto a técnicos declararan en calidad de imputados, el juez ha admitido el escrito de Fiscalía solicitando el sobreseimiento de la causa y el recurso presentado por el Consistorio contra la imputación de los concejales, técnicos y trabajadores y ha dictado un auto decretando el archivo de la causa.
Para García-Pelayo, el archivo de la querella interpuesta por prevaricación, apropiación indebida, administración desleal y estafa "es motivo de satisfacción y alegría" y "una prueba más" de que "las cosas estaban bien hechas" por parte del gobierno municipal en relación a la decisión adoptada en mayo de 2012 de "secuestrar" el servicio que posteriormente derivó en su rescate y la resolución del contrato.
En este sentido, la regidora ha apuntado que la decisión del juez evidencia que la querella presentada por Urbanos Amarillos "no se fundamenta en una base jurídica" sino que responde "a una estrategia de presión" por parte de la que fuera concesionaria del servicio de autobuses urbanos "para conseguir lo que ellos pretendían en la negociación de la liquidación" que tienen abierta en estos momentos.
A juicio de García-Pelayo, hubiera sido "indecente" que esta empresa "se saliera con la suya" en esta causa "después de los problemas que ha causado en la ciudad".
La alcaldesa también ha lamentado la actitud de la oposición y especialmente del PSOE, del que ha dicho que "debería pedir disculpas" y "asumir su responsabilidad" tanto a nivel local como provincial.
Asimismo, ha advertido que, en el propio escrito de la Fiscalía, el Ministerio Público especifica que la demanda en todo caso se tenía que haber puesto contra el gobierno anterior al del PP --en referencia al gobierno socialista de Pilar Sánchez-- "por traer una empresa que no podía sostener el servicio en una situación económica como en la que se encontraba el Ayuntamiento de Jerez".
