La Guardia Civil ha clausurado en Jerez un consultorio médico ilegal en el marco de la operación 'Pharmakis', que ha supuesto la detención y puesta a disposición judicial de ocho personas por presuntos delitos contra la salud pública, estafa a la Seguridad Social, intrusismo profesional y falsedad documental.
Entre los investigados figura el responsable del consultorio, la esposa de éste, la farmacéutica que dispensaba los medicamentos y cinco facultativos de medicina familiar que cargaban "de forma abusiva e indiscriminadamente" medicamentos en las tarjetas de la Seguridad Social de pacientes que nunca aparecían por sus consultas, según ha detallado la Benemérita en una nota.
Se investiga su presunta implicación en la retirada de forma ilegal de miles de medicamentos con cargo a la Seguridad Social, y por poner en funcionamiento un consultorio médico donde se dispensaban medicamentos y se realizaban prácticas sanitarias "sin las más mínimas garantías".
En el registro del domicilio del presidente de esta asociación "sin ánimo de lucro" de Jerez se hallaron 210 tarjetas sanitarias, entre las que se encontraban las de varias personas ya fallecidas. En el registro efectuado en la sede de la asociación los agentes encontraron material de curas, ausencia de lavamanos y otros elementos para esterilizar los utensilios sanitarios, ausencia de contenedores adecuados para depositar los residuos peligrosos, material para realizar exudaciones vaginales, un sello de caucho con la inscripción Centro Médico Jerez S.L., y abundante documentación.
LA INVESTIGACIÓN
Según ha explicado, la operación se inició cuando la Guardia Civil del Puesto Principal de Jerez recibió el encargo de la Fiscalía de investigar una denuncia presentada por la Inspección de Farmacia de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Cádiz, de unas supuestas irregularidades en la retirada masiva de medicamentos que se habían cargado sobre tres usuarios, produciéndose en un primer momento lo que parecía un fraude de casi 20.000 euros.
Las investigaciones permitieron determinar que los usuarios que supuestamente habían retirado los medicamentos se encontraban fuera del área de influencia de la farmacia en cuestión, siendo además por la edad y condiciones físicas de los usuarios bastante improbable que hubiesen realizado un trayecto tan largo para retirar los medicamentos.
Se daba además la circunstancia que si hubiesen ingerido los medicamentos retirados posiblemente habrían fallecido, baste decir que a una usuaria que decía haber retirado ocho envases de un medicamento muy concreto, que era además la prescripción normal, se le cargaron en su tarjeta un total de 96 envases, superando el cargo irregular los 2.100 euros.
A otro usuario se le cargaron en su tarjeta un total de 109 envases de otro medicamento, cuando sólo decía haber retirado 12, siendo el cargo ilícito de casi 2.250 euros. Y el caso de una usuaria a la que cargaron en su tarjeta 27 envases de un medicamento de muy alto coste y que debía ser administrado por un facultativo, estando prescrita su conservación entre dos y ocho grados centígrados; la usuaria solo había retirado seis envases, ascendiendo la facturación irregular a los 15.250 euros.
Tras las primeras investigaciones, quedó claro que estas irregularidades no se podrían llevar a cabo sin la colaboración de farmacéuticos, que expendieran los fármacos y facultativos que cargaran cantidades enormes de medicamentos para cualquier usuario.
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
Todo lo investigado apuntaba a una asociación, supuestamente sin ánimo de lucro, la cual fomentaba el bienestar entre los vecinos de una barriada de Jerez de la Frontera, desvelándose ante las primeras gestiones que funcionaba como un verdadero consultorio médico donde se almacenaban y expendían enormes cantidades de medicinas y material sanitario, y donde se realizaban curas y otras actividades sanitarias "sin las mínimas condiciones higiénicas".
Además, estas prácticas eran realizadas por personal que o no tenía la titulación necesaria para realizarlas, o si la tenían carecían de contrato alguno, careciendo de todo seguro de responsabilidad civil en el caso de existir algún tipo de problema.
Una vez constatado que el presidente de esta asociación, junto con otros colaboradores, se desplazaban a determinados centros sanitarios provistos de tarjetas sanitarias para cargar en ellas ingentes cantidades de medicamentos, bajo demanda indiscriminada, los guardias civiles procedieron a seguirlos, determinando que realizaban largos trayectos pasando por numerosas farmacias, hasta llegar a la que generaba la estafa investigada.
Allí se aprovisionaban de todo el material, y cargando el turismo en el que se desplazaban como si de una furgoneta se tratara volvían a la asociación.
En un control realizado por agentes de Guardia Civil estos observaron que portaban de forma irregular medicamentos que tenían que conservarse a temperatura determinada, otros de administración por parte de facultativos, así como fármacos contra el cáncer, morfina, psicotrópicos, etcétera.
Por todo ello, y tras obtener el correspondiente mandamiento judicial, se registró el domicilio del presidente de la asociación a la vez que se controlaba la propia sede de la asociación. Tanto en un lugar como en otro, los investigadores encontraron verdaderos almacenes de farmacia, donde "sin las más mínimas garantías de conservación" se almacenaban medicamentos caducados que se llevaban a casa de usuarios para ser consumidos por éstos, medicamentos del ramo de los psicotrópicos, medicamentos indicados para el rechazo de trasplantes y que deben ser administrados por personal debidamente cualificado, así como píldoras abortivas, entre otros.
La operación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil y coordinada por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Jerez de la Frontera.
