Información pública
El proyecto recibió la aprobación inicial en un pleno celebrado el 30 de julio, y ha estado sometido a información pública por un periodo de 30 días en el que las empresas Cortijo San Bernabé SL y Parque Getares SL han presentado varias alegaciones.
En la propuesta aprobada ayer, y previamente a la aprobación definitiva, se incluye desestimar todas las alegaciones en base a informes técnicos y jurídicos, con la salvedad de la referida a la necesidad de especificar en el planeamiento el número mínimo de viviendas protegidas previstas para esa zona, que será de 2.415 unidades, en lugar de reflejar tan sólo un porcentaje.
De igual manera, se propone aprobar de manera definitiva la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa en los mismos términos en que figuran en la aprobación inicial.
Viviendas protegidas
La expropiación del Cortijo San Bernabé supondrá al Ayuntamiento incluir en su patrimonio unas 109 hectáreas de suelo urbanizable no programado, cuyo planeamiento estaba siendo desarrollado por una empresa privada para la construcción de 1.865 viviendas, de las que un 30 por ciento serían de protección.
Diego Sánchez Rull ha manifestado que, gracias al proceso emprendido por el Ayuntamiento, las viviendas protegidas pasarán de un 30 a un 65 por ciento, con lo que se logra un doble objetivo: dar un impulso a un sector necesitado en estos momentos, como es el de la construcción; y poner en el mercado viviendas de protección para la ciudadanía que está necesitada de esa oferta que estaba por cubrir.
La elección del Cortijo San Bernabé como suelo idóneo para delimitar el área de reserva se debe, según explicó Sánchez Rull, a que ya el Plan General, en su memoria de ordenación de suelos urbanizables no programados, contemplaba esa zona como área de reserva, y a su capacidad para acoger una importante dotación de viviendas protegidas de imposible ubicación en otras partes del término municipal.
El Ayuntamiento contará en todo el proceso con la ayuda de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), que colaborará tanto en la expropiación como en la urbanización y promoción de las viviendas protegidas que se construyan.
Para llevar a cabo esta iniciativa, el Ayuntamiento se ha acogido al decreto 1108 de 22 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOU) que establecen que es posible la delimitación de reservas de suelo para la construcción de viviendas protegidas, lo que comporta la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios.
En este sentido, Sánchez Rull ha destacado que no se puede olvidar que el urbanismo es un instrumento al servicio del ciudadano y un instrumento de gestión pública.
“Este es un ejemplo claro de ello. Se utiliza para ordenar un territorio en función de las necesidades de la ciudadanía, y este es el camino emprendido y el que queremos continuar”, añadió Sánchez Rull.
Plaza de Andalucía
Por otra parte, el Consejo de Gestión de la Gerencia de Urbanismo aprobó ayer la recepción por parte del Ayuntamiento de la plaza pública del edificio comercial y de servicios terciarios Plaza de Andalucía, que ha sido solicitada por la empresa Alius Plaza de Andalucía SL.
De igual manera se aprobó dar licencia de adaptación de local a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía para una oficina en la calle Ubrique, donde se dará información al ciudadano sobre las obras de rehabilitación integral para La Piñera.
Otro de los asuntos que pasaron por el Consejo fue el de la aprobación inicial de un proyecto de modificación del Plan General Municipal de Ordenación referente a la calificación urbanística de un viario situado en la Urbanización Villa Estoril.
