La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dará a conocer este martes la decisión sobre si suspende o no el juicio por las adjudicaciones presuntamente irregulares concedidas por el Ayuntamiento de Jerez a las empresas de la trama Gürtel por el importe de 355.000 euros. Así lo han solicitado las acusaciones populares y algunas defensas, después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese la reapertura de la causa contra la diputada del PP y exalcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo.
También deberá comunicar a las partes si autoriza a los acusados ausentarse del juicio una vez que declaren, tal y como lo han solicitado las defensas del 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, o de su 'número dos', Pablo Crespo, que tienen que ser trasladados desde la prisión donde ya están cumpliendo condena por otras piezas de esta causa. Precisamente, estos dos acusados --que se enfrentan ahora a siete años y nueve meses de cárcel-- han adelantado que se van a acoger a su derecho a no declarar.
La primera sesión del juicio, que ha comenzado este lunes, se ha centrado en el trámite de cuestiones previas, momento en que cada una de las partes han interesado que se incorporen o rechacen pruebas o han expuesto las circunstancias por las que la causa debe ser anulada.
Los líderes de la Gürtel han insistido en que este procedimiento han vulnerado varios derechos fundamentales y han recordado, una vez más, como han hecho en otros juicios anteriores de este caso, en que las escuchas ordenadas por el exmagistrado Baltasar Garzón son ilegales o que grabaciones en las que se han basado las investigaciones y que fueron entregadas por José Luis Peñas a la Policía están "editadas".
"EN GÜRTEL VALE TODO"
"Hemos observado que en el caso Gürtel vale todo, pero da igual porque son personajes condenados de antemano por la opinión pública", ha dicho Miguel Durán, abogado de Crespo, que ha centrado su intervención en denunciar que las grabaciones de Peñas eran una "base de datos para traficar con ellas" y "chantajear" a los acusados. En este sentido, el letrado, que ha afirmado que se ha vulnerado el derecho a la intimidad, ha ironizado sobre la "protección" judicial que está recibiendo el denunciante de la Gürtel.
También ha solicitado la nulidad de la causa Juan Carlos Navarro, que ejerce la defensa del líder de la red corrupta, haciendo especial hincapié en las escuchas de las conversaciones que mantuvieron los principales acusados de la trama, por entonces investigados, con sus abogados mientras estaban en prisión provisional. "Aunque parezca que llueve sobre mojado", ha recalcado el letrado antes de comenzar a hablar sobre este asunto, debido a que existen resoluciones del Tribunal Supremo sobre este aspecto.
Ha sido la abogada del PSOE valenciano quien ha pedido la suspensión de la celebración de la vista oral hasta que el Supremo tome una decisión sobre si reabre la causa contra la exalcaldesa del municipio jerezano, ya que de ser así sería encausada en el alto tribunal. La letrada ha justificado paralizar el juicio hasta dicho momento con el fin de evitar "sentencias contradictorias".
En el mismo sentido se han manifestado después la otra acusación popular, la ejercida por Adade, y las defensas de Crespo, de la exadministradora de empresas de la Gürtel Isabel Jordán y de la empleada del Instituto de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de Jerez investigada en el caso. "Habría que ver donde se juzga a la señora García-Pelayo para ver si tenemos que ir todos allí", ha dicho el abogado de esta última acusada en referencia al Tribunal Supremo.
REFERENCIAS AL SUPREMO
Por su parte, las fiscales Concepción Nicolás y Concepción Sabadell se han opuesto a la suspensión del juicio, alegando que el Tribunal Supremo ya afirmó en junio de 2015 que aunque la causa contra la aforada se encuentre allí no interfiere para que el resto de acusados puedan ser juzgados de "manera autónoma" en otro órgano judicial.
Asimismo, ha explicado que Anticorrupción presentó el escrito el pasado mes de abril al juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata pidiendo que volviese a investigar a la exregidora al encontrar nuevos indicios contra ella, tras recibir una denuncia de Isabel Jordán, que se enfrenta a siete años y nueve meses por los hechos que han comenzado a juzgarse.
Si bien, "las circunstancias han variado", ha continuado la fiscal Sabadell, pues García-Pelayo fue elegida en las pasadas elecciones generales del 28 de abril, por lo que vuelve a estar aforada, condición que no tenía un mes antes. Por todo ello, consideran que lo procedente sería que la declaración como testigo de la que fuera alcaldesa de Jerez, solicitada por Jordán, se "difiera lo más posible hasta tener la certeza de su estatus procesal".
Por otro lado, las fiscales también se han opuesto a todas las cuestiones planteadas por las defensas, ya que la mayoría de las alegaciones, como las señaladas por las representaciones de Correa y Crespo, "han sido una y otra vez respondida por distintos órganos judiciales".
También ha rechazado la alegación realizada por otros abogados sobre la prescripción del delito y ha subrayado para ello que "existe un plan preconcebido" por el que cada uno de los acusados realizaron "un acto para las resoluciones prevaricadoras", al mismo tiempo que ha precisado que así lo "acreditarán" en el juicio.
VILLAREJO COMO TESTIGO
Las representantes del Ministerio Público también se han opuesto a la petición del abogado de Crespo de que se llame como testigo al comisario jubilado José Manuel Villarejo --en prisión provisional por el caso 'Tándem'-- para que explique las afirmaciones que se escuchan en uno de los audios publicados por el digital 'Moncloa.com' en el que presume de haber preparado junto al instructor que inició la causa, Baltasar Garzón, el operativo policial contra los miembros de la Gürtel un día antes de que el exjuez admitiese la causa .
El abogado de Crespo, Miguel Durán, ya pidió esta testifical en el juicio por los sobornos de la trama Gürtel a directivos de Aena, pero este mismo tribunal rechazó la comparecencia de Villarejo. Para la Fiscalía, esta declaración no tiene "nada que ver" con los hechos que se van a juzgar.
Sobre lo que sí se han mostrado favorables las fiscales Anticorrupción ha sido a que la primera acusada que declare en este juicio sea Isabel Jordán, con la que han alcanzado un pacto de conformidad, para garantizar su derecho a la defensa.
