Han transcurrido quince años desde la celebración de Fitur 2004. Para aquella cita turística promocional, el Ayuntamiento de Jerez adjudicó tres contratos por un precio total de 355.391 euros: para el montaje del expositor, para un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid, y para un espectáculo flamenco en los jardines del Retiro. En 2009 se supo que esos contratos se adjudicaron a empresas vinculadas a la trama Gürtel y que el propio procedimiento pudo incurrir en presuntas irregularidades.
Quince años después, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en Madrid ha comenzado a juzgar aquellos hechos con la presencia en el banquillo de nueve acusados: el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, dos exempleados de empresas de la citada trama y cinco funcionarios municipales, cuyos nombres aparecen en la documentación relativa a la investigación del caso.
La vista se prolongará hasta el 26 de septiembre y tras las declaraciones de los acusados durante esta semana, no volverá a reanudarse ya hasta el 17 de junio, con la comparecencia de los testigos, entre los que se encuentra la exalcaldesa María José García-Pelayo, quien ya lo hizo en calidad de investigada por este mismo caso ante el Tribunal Supremo, por su condición de aforada: la causa en su contra fue archivada, así como se dictó que los hechos estaban prescritos.
La prescripción, de hecho, será la última bala que emplearán las defensas de cara al alegato final; pero hasta entonces ya han quedado expuestas las posiciones de cada uno de sus defendidos, así como las líneas argumentales de un relato al que le sigue faltando una pieza clave -el fallecido Isidro Cuberos, enlace entre las empresas del Gürtel y el Ayuntamiento de Jerez- y en el que persiste el intento de las acusaciones por ir en busca de una pieza de caza mayor: sólo así se explica su empeño por solicitar la suspensión del juicio hasta aguardar si el Supremo decide reabrir la causa contra García-Pelayo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Y dentro de ese mismo relato sobresalen, de un lado, el dedo acusador de los exempleados de las empresas de Correa en dirección a sus propios jefes y, del otro, las explicaciones de los funcionarios municipales, que, a su subrayada desvinculación de las empresas de la trama Gürtel, han añadido los condicionantes políticos que se vivían en el Ayuntamiento en el momento de la adjudicación, a causa de la inestable coalición entre el PP y el PSA; el clima de “desconfianza” generado en la plantilla por las propias afinidades políticas; y las sospechas de manipulación de sus equipos informáticos, así como su nula influencia dentro del procedimiento de adjudicación de los contratos.
Declaraciones
La que fuera administradora de algunas de las sociedades de Francisco Correa, Isabel Jordán, fue la primera en declarar, y reconoció que se amañó el procedimiento para la adjudicación a empresas de la Gürtel de los citados eventos. Según afirmó, se hicieron trabajos previos incluso a la confección de los pliegos y después, se falsificaron las fechas.
Jordán aludió a Isidro Cuberos -fallecido hace un año en un accidente de moto en un barranco-, que fue “quien lideró siempre el tema” y quien conocía a García-Pelayo; e incluso insistió en situar en la sede de la empresa Special Events a la propia alcaldesa junto a Pablo Crespo. Según narró, Cuberos hizo el encargo e, inicialmente, se facturaba con su empresa, Cuberos Comunicación, “pero al final hubo que hacer una documentación para presentarse a un concurso” en unas conversaciones que se produjeron “una semana después de hacer los eventos. A mí lo único que me dice Crespo es que hay que presentarse a un concurso y que hay que poner una fecha anterior a los eventos que se hicieron”.
Crespo negó todo el testimonio de Isabel Jordán, empezando por las reuniones con la ex alcaldesa de Jerez, a quien dijo no conocer “ni de vista”. “Cada uno se defiende como puede y no me meto, pero lo que no me parece de recibo es mentir”, sentenció.
Con respecto a Isidro Cuberos, expuso que “jamás nos habría dado contacto con su cliente. No se le ocurre traernos a la alcaldesa por si la fagocitamos como cliente”. Del mismo modo, dijo no conocer a los trabajadores municipales encausados.
También declaró Javier Nombela, extrabajador de las empresas de Correa, quien reconoció un descuadre en las fechas de los documentos relacionados con la adjudicación del Ayuntamiento. Aún así, se escudó en las instrucciones que le daban sus jefes, Pablo Crespo e Isabel Jordán.
Por su parte, el exsecretario del Ayuntamiento explicó que se “aprovecharon unas normas especiales”, y argumentó que el motivo por el que el concurso se hizo “sin publicidad” era la “imposibilidad” de hacer un concurso público o con “carácter de urgencia” para tramitar todo el expediente de contratación, ya que no había “días hábiles” entre la fecha del informe jurídico de la adjudicación y el inicio de Fitur. Aún así, afirmó que, aunque “no era habitual”, no hay ningún tipo de problema porque el contrato y la documentación tengan fechas diferentes si los contratistas no se encontraban en Jerez, como ocurría en este caso concreto.
Pero además de las circunstancias de los contratos, los funcionarios municipales se refirieron igualmente a la “batalla política” que se vivía en ese momento en el Ayuntamiento a la hora de defender su falta de implicación en las adjudicaciones.
Así lo puso de manifiesto el exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de Jerez (IPDC), quien confesó que aunque en esa fecha era aún formalmente director del ente, realmente le habían apartado de las funciones ejecutivas porque el equipo de gobierno del PP “desconfiaba” de él por ser cercano a Pedro Pacheco. De hecho, apuntó que montaron en su área un “mini-ayuntamiento” con “delegados políticos” por encima de él y le retiraron toda capacidad operativa. En este sentido, admitió que le pasaron a la firma un informe para justificar el procedimiento de urgencia del expediente el 8 de enero, pero aseguró que no se manipuló la fecha y que ya no volvió a intervenir en estos expedientes de Fitur 2004.
Una exempleada del IPDC incidió en similares circunstancias, remarcadas por el hecho de que era sobrina y ahijada de Pacheco. Es más, negó su participación en la tramitación de esos contratos y aseguró que alguien usó su ordenador y accedió a sus archivos para hacerle “daño” a ella y a su tío por la “batalla” política que tenía éste con el PP en aquel momento. También negó que fuera la encargada de pagar facturas y aclaró que sólo resolvía por teléfono las dudas de las empresas con cobros pendientes, a las que “daba largas” porque había retrasos en los pagos.
La interventora municipal también recalcó que puso en conocimiento del PP que le estaban “registrando el ordenador” y que había “carpetas cambiadas de nombre” y “correos que habían desaparecido”. En su declaración admitió que “el procedimiento no se tramitó correctamente” pero aseguró que ella no intervino en las supuestas irregularidades. En este sentido, dijo que pasaron “desapercibidos” los informes que daban luz verde a la adjudicación de Fitur porque no vio ningún “error” ni nadie le llamó para “comentar, advertir o pedir opinión”, como ha ocurrido con otros expedientes de contratación, y que se enteró de la existencia de presuntas irregularidades ya en 2009.
Por último compareció la interventora del IPDC, quien explicó que existía un gran retraso en el abono de los servicios prestados en Fitur 2004, y que García Pelayo le indicó en una reunión que le “tramitara el pago”. Quince años han transcurrido desde entonces.
