Así reza el flamante cartel que me prepararon a la vuelta del confinamiento para ser colocado en la puerta de mi despacho para evitar interrupciones en la celebración de juicios telemáticos, que parecía que venían a reactivar la actividad judicial a principios de junio del maldito 2020. Efectivamente estrené el cartel en aquellos primeros días con ganas, en una audiencia previa sencilla, fijada por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla, con mi toga puesta sentado en mi despacho. El sistema utilizado por la Junta de Andalucía, denominado circuit, permitió una conexión perfecta, sin incidencia alguna, y en 15 minutos teníamos terminado el acto.
Quien suscribe, como sabrá algún paciente lector de esta tribuna, es un ferviente defensor de las nuevas tecnologías y su aplicación práctica en el ejercicio de la abogacía y del asesoramiento en general. Pero iluso de mí, después de tan satisfactoria primera experiencia, pensé, que los juicios telemáticos venían para quedarse, y podían ser una de las pocas cosas buenas que nos dejara ésta odiosa pandemia, al menos durante el tiempo que tardáramos en conseguir la verdadera normalidad, y aplicadas a actos judiciales de poca entidad, evitando desplazamientos y exposiciones innecesarios, no solo de los profesionales sino también de las partes. Pero me equivoqué.
No ayudó, conocer que el Ministerio de Justicia anunciara la inversión de 72 millones para digitalizar los juzgados, tampoco la entrada en vigor de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, que establece de manera preferente optar por celebraciones de juicios, comparecencias, declaraciones y vistas, y en general, todos los actos procesales, con presencia telemática, con excepciones en la jurisdicción penal. Pero dicho artículo también establece que será siempre y cuando se tengan a disposición los medios técnicos necesarios, y este es un de los problemas fundamentales para su inaplicación.
Hasta finales de 2020 se han celebrado algo más de 70.000 vistas telemáticas, lo que supone no mucho más de un 10% del total, un bagaje realmente pobre, y que no ha ayudado a evitar riesgos de contagios, ni a reactivar el retraso histórico de la administración de Justicia, incrementado por el parón de la pandemia. Hay que añadir otros motivos como la descentralización en la coordinación de medios a nivel nacional, pues prácticamente cada CCAA utiliza un sistema de conexión distinto (Circuit, Zoom, Webex, Skype, Cisco…) que en muchos casos son incompatibles entre sí.
Y la notoria falta de interés de muchos jueces y letrados de la administración de Justicia que no tienen intención alguna en cambiar la forma de trabajar, excusados en la falta de medios o de formación en nuevas tecnologías.
Por ahora el modelo virtual de juicios es un claro fiasco, ojalá me equivoque.
