Llevo acumulados más de tres mil kilómetros en coche desde que comenzó el mes de agosto. He atravesado seis comunidades autónomas y me he alojado en cuatro de ellas. Casi de lo único de lo que se habla en todas es de la pandemia, de la marcha de Messi y, en tercer término, del precio de la luz. Son los tres grandes temas de actualidad en nuestro país -el del virus, aunque lo hemos dado por finiquitado en varias ocasiones, va renovándose con la llegada de cada nueva ola frente a nuestro convencimiento de que detrás de la tercera no vendría otra más-.
Pese a la relevancia de los asuntos, al menos en lo que respecta al covid y al recibo de la electricidad, el presidente Pedro Sánchez eludió pronunciarse sobre ellos en su breve aparición pública de esta semana en mitad de sus vacaciones. No sé si es un presidente que prefiere vivir ajeno a la calle o al que le avergüenzan determinados asuntos, sobre todo si revisa la hemeroteca o repasa su cuenta de twitter, pero el hecho de no mentar ruina tampoco evita la de todos los demás, como tampoco la alivia su empeño por demostrar que, en la gestión del covid, los éxitos, por supuesto, son solo suyos, mientras que a nivel autonómico se trata de una causa de culpas compartidas, pero de las que quedarán eximidas las comunidades una vez que lleguen los fondos europeos. A la foto de la cumbre de Salamanca de hace un par de semanas solo le faltó de banda sonora el estribillo de la canción de Quique González: “Ya están aquí para cubrir el expediente, los presidentes de la desesperación”.
Aunque el cargo que ocupa Sánchez le evita tener que pagar la luz cada mes, y la burbuja de protección que le rodea le impide sentarse en cualquier chiringuito de Torremolinos a las dos de la tarde y pedirse un espeto, su amplia cohorte de asesores seguro que le tiene al tanto de las cuestiones que esquiva en público, de la evolución del verano y, con éste, de la del IPC, que le ha descuadrado las cuentas de cara a afrontar este segundo semestre del año: vivir en España se ha puesto caro y habrá que compensárselo a pensionistas y funcionarios públicos. Ha subido la luz, la gasolina, pero también el coste de las materias primas para el sector de la construcción, y el comercio y la hostelería están a un paso de meterle el lápiz a etiquetas y menús para mantener abiertos sus negocios, o el margen de beneficios irá en favor del mercado eléctrico.
En esta España en la que encender el aire acondicionado se ha convertido en un dilema en plena ola de calor y en la que seguimos a la espera de buenas noticias sobre la inmunización de la población frente al virus, el verano se permite avanzar dentro de una “nueva normalidad” que parece responder más a una moda que a una necesidad, o, al menos, ha hecho de esa necesidad una tendencia: las mascarillas siguen presentes, incluso en espacios abiertos al aire libre; el turismo nacional predomina en cualquier destino de los que he podido visitar; y las autocaravanas han inundado las carreteras y los aparcamientos convertidas en alternativa al alquiler de apartamentos o reservas de hotel para evitar mayor contacto social; mientras que la herida del año y medio de pandemia sobresale en cada local cerrado o con cartel de traspaso, ya sea en primera línea de playa o en pleno corazón de cualquier centro histórico.
Donde empieza el lío es en la aplicación de las medidas de restricción, que dependen de la comunidad en la que te encuentres y del respaldo o no del alto tribunal autonómico a las decisiones adoptadas por los comités de expertos. Así, mientras en Andalucía el TSJA denegaba requerir el certificado covid para entrar en un bar, en Galicia, su Tribunal Supremo lo autorizaba, para, cinco días después, dar marcha atrás. La sensación es de auténtico despropósito: expertos sanitarios desautorizados, magistrados con interpretaciones contrapuestas ante un mismo hecho, ciudades en las que parece suficiente con la mascarilla y el gel hidroalcohólico, y otras en las que te sientes ciudadano de segunda categoría. A Sánchez, mientras tanto, le sigue preocupando más cómo repartir el dinero de Europa que crear un único frente común contra el virus.
