El caso 'Malaya', considerada la mayor causa de corrupción en un ayuntamiento, en este caso el de Marbella (Málaga), cumple este sábado ocho años desde que se llevaron a cabo las primeras detenciones y lo hace pendiente de que el Tribunal Supremo analice los recursos presentados contra la sentencia dictada por la Audiencia malagueña y valide o no el proceso.
Aunque la investigación comenzó meses antes, el 29 de marzo de 2006 se practicaron las primeras detenciones dentro de esta causa, como la del que ha sido y sigue siendo considerado como cerebro de la trama de corrupción y, posteriormente, principal acusado, Juan Antonio Roca, entonces asesor de la que era alcaldesa, Marisol Yagüe, también arrestada la misma jornada.
Junto a ellos y a la que era primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, la Policía detuvo en esta fase a una veintena de personas, entre funcionarios, empresarios y abogados, no sólo en Marbella sino también en otras ciudades españolas. En otras fases, el exregidor Julián Muñoz, varios miembros del equipo de gobierno y otros promotores pasaron a formar parte de 'Malaya' como implicados.
El 4 de abril de ese mismo año, el Gobierno inició los trámites para disolver el Ayuntamiento de Marbella, y fue el día 7 cuando el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se llevaba a efecto, después de que el Senado y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) dieran su visto bueno a esta medida excepcional, que se realizaba por primera vez.
Los imputados en esta causa superaron los 100, aunque finalmente llegaron a juicio 95. Fueron casi 200 sesiones y cerca de dos años de vista oral, tras lo que el Tribunal encargado del enjuiciamiento dictó sentencia, hecha pública el pasado 4 de octubre. Roca fue condenado a 11 años de prisión, Yagüe a seis, García Marcos a cuatro y Muñoz, a dos. En total 51 condenados y 44 absueltos.
En contra de esta resolución se han mostrado la mayoría de los condenados, menos Muñoz, exponiendo en sus recursos que ha habido infracciones de ley, de preceptos constitucionales y vulneración de derechos. Los trámites de la casación acaban de comenzar en el Supremo y es probable que haya una vista para exponerlos, puesto que lo han solicitado varias partes.
La defensa del principal acusado pide al Supremo una revisión prácticamente total del proceso, criticando la instrucción, desde el comienzo por el juez al que le correspondió hasta los registros y, por supuesto, las intervenciones telefónicas; aunque se cuestiona, fundamentalmente la sentencia dictada pero, también, al Tribunal que se encargó del enjuiciamiento y el propio desarrollo del juicio.
Pero tampoco está de acuerdo con la sentencia la Fiscalía Anticorrupción y, en su caso, ha recurrido para pedir que se imponga más pena a la mayoría de los procesados que han sido condenados, instando a una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas. Así, solicita que se aumente en 10 años la condena impuesta a Roca.
LA SITUACIÓN DE ROCA
Se cumplen ocho años de la operación policial y de la detención del principal acusado, casi el mismo tiempo que éste lleva en prisión --ingresó el 31 de marzo de 2006--, salvo apenas 10 días de libertad que disfrutó en 2008 desde que salió tras pagar una fianza de un millón de euros en el caso 'Malaya' hasta el momento en el que volvió a la cárcel cuando se le impuso una fianza de tres millones de euros por 'Saqueo I'.
Son ocho años en los que, según señala su defensa en el recurso presentado ante el Supremo, no ha disfrutado de ningún permiso de fin de semana ni de beneficios penitenciarios y es "el único justiciable que ha cumplido el tiempo máximo de cuatro años de prisión preventiva en nuestro país a consecuencia de la presunta comisión de delitos de la naturaleza de los enjuiciados".
La letrada habla de "la demonización del procedimiento, encarnado en el señor Roca" y de que se le impuso "la fianza civil más alta de la historia judicial española, mil millones de euros", apuntando que a Roca "se le enjuició, se dictó sentencia y fue condenado anticipadamente hace ocho años, los que lleva en prisión", a pesar de que ya ha cumplido las tres cuartas partes de la pena.
Fuentes cercanas al exasesor han apuntado en declaraciones a Europa Press que a la hora de rechazar los permisos "todo se hace depender de Malaya, primero se decía que era para asegurar su presencia en el juicio, cuando se estaba celebrando se dijo que era para asegurar su permanencia y cuando terminó, porque el fiscal pedía penas muy elevadas".
Según su letrada, el caso 'Malaya' ha provocado en el exasesor "una muerte social de la que ya jamás podrá recuperarse, independientemente del resultado de este proceso". Roca fue trasladado el pasado 7 de enero a la cárcel Sevilla II.
