La Universidad de Málaga (UMA) ha abierto un expediente informativo para analizar el contrato de investigación del responsable de la Secretaría Política de Podemos, Íñigo Errejón. En concreto, se determinará si ha incumplido sus obligaciones laborales y si ha existido vulneración de la Ley de Incompatibilidades.
La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, ha firmado un oficio, presentado por registro y al que ha tenido acceso Europa Press, solicitando el inicio de este expediente al delegado para la Inspección de Servicios y Desarrollo Estatutario de la Universidad de Málaga.
En el escrito se justifica la apertura de este expediente administrativo "a la vista de la situación producida como consecuencia de las noticias publicadas en relación con el contrato laboral suscrito con esta Universidad por Íñigo Errejón" y "entendiendo que los hechos que se denuncian pudieran dar lugar a responsabilidades, tanto del interesado como de esta institución académica, que ha suscrito un contrato administrativo con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que fija el marco legal para la regulación de las obligaciones de la UMA, en relación con el desarrollo y justificación del citado proyecto".
Tal y como han precisado fuentes cercanas, el contrato de Errejón, firmado el pasado mes de marzo con la UMA y de 40 horas semanales, por el que percibe 1.825 euros brutos mensuales, "es incompatible con cualquier remuneración por otra actividad".
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
Una vez que el equipo de inspección de la UMA ofrezca sus conclusiones, si determina que ha habido un incumplimiento de las obligaciones contractuales o una vulneración de la Ley de Incompatibilidades, se abriría un expediente disciplinario, en el que se propondrían las medidas sancionadoras que se considerasen oportunas.
El inicio de este expediente informativo ha sido comunicado ya tanto a Errejón como a Alberto Montero, miembro también del comité de la dirección política de Podemos y director de este proyecto de investigación sobre 'La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda', que financia la Consejería de Fomento.
