El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha vuelto a prorrogar durante un mes más el secreto de la causa sobre las presuntas irregularidades en la subvenciones para cursos de formación para desempleados, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Málaga por parte de la sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social y ha contado con varios informes policiales, en los que se apuntaba a una supuesta falta de justificación de cursos de los planes de promoción del empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y también de control a la hora de conceder los fondos.
Inicialmente las pesquisas se centraron en presuntas irregularidades en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones públicas --por algo menos de dos millones de euros-- en la convocatoria de diciembre de 2010 del programa para el empleo con compromiso de contratación, aunque los investigadores están examinando otra convocatoria del mismo año y el juzgado está a la espera de informes policiales, según han indicado otras fuentes.
El pasado mes de junio la Fiscalía decidió remitir el caso a los juzgados de Málaga con el fin de que siguiera la investigación, solicitando la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades, "así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones".
El ministerio público estimaba que inicialmente podrían existir "indicios de responsabilidad penal", en concreto, de los delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 8 que se encuentra practicando diligencias.
Los investigadores de la UDEF relataban en los informes preliminares supuestas irregularidades que habrían sido detectadas, tanto previamente, como la falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se concedieron los fondos mediante convenio; y también posteriores, por el supuesto incumplimiento en la contratación del 60 por ciento de los alumnos o posibles falsedades en los partes de asistencia.
