El juicio a 35 acusados, entre ellos varios guardias civiles pertenecientes al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), procesados por participar en una supuesta trama de narcotráfico, llegará este miércoles día 10 a su recta final con las conclusiones y el inicio de los informes finales.

   La vista oral comenzó el 14 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga. Desde entonces, se han celebrado casi 40 sesiones, en las que han comparecido más de un centenar de testigos y peritos; además de que se han reproducido algunas grabaciones de escuchas telefónicas.

   Uno de los agentes del EDOA, que era uno de los principales acusados, fue declarado en rebeldía, después de que el Tribunal que juzga el caso dictara una orden de busca y captura nacional e internacional al no presentarse y tras no ser localizado. Además, las defensas plantearon cuestiones previas, la mayoría desestimadas.

   La Fiscalía acusa por los delitos de encubrimiento, revelación de secreto, robo, proposición para cometer tráfico de drogas, contra la salud pública, blanqueo y cohecho, entre otros. Están procesados un teniente de la Guardia Civil, exjefe del EDOA, y otros tres agentes. También estaba procesado el agente fugado, que no ha sido juzgado.

   En su escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press y en el que se exponen 16 hechos delictivos, el fiscal describe varias operaciones contra el narcotráfico en Málaga y en Marbella, en las que habrían tenido alguna participación los dos exresponsables del instituto armado y varios presuntos narcotraficantes acusados.

   En algunos casos, según se desprende de las intervenciones telefónicas --y consta en la calificación del ministerio público--, contactaban con personas que iban a robar alijos de drogas y habrían acordado un operativo para que esos contactos se quedaran con parte del cargamento.

   Además, según la Fiscalía, los agentes colaboraban con personas vinculadas supuestamente a redes que introducían droga desde Marruecos, dando "cobertura y seguridad", mientras que, respecto al teniente, señala que tenía contactos con confidentes y lo acusa de que supuestamente les avisaba de investigaciones de otros cuerpos.

   La acusación popular, en representación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada por primera vez en una causa contra miembros de la institución, acusa, además, a un capitán de la Guardia Civil, al que, sin embargo, no incluye la Fiscalía. Esa parte considera en su calificación inicial que este procesado habría tenido participación supuestamente irregular en una operación de droga.

   El exjefe del EDOA negó en su declaración haber colaborado con operaciones de narcotráfico y aseguró que cumplió con las leyes y con sus obligaciones en las investigaciones contra el tráfico de drogas en las que participó, rechazando, igualmente, que cometiera cualquier tipo de irregularidad en su actuación.

   Este acusado declaró que es "rotundamente falso" que, como dice el fiscal, contactara con confidentes para que acudieran a un alijo de droga en la zona de Guadalmar de Málaga, en el que se había dispuesto un operativo de la Guardia Civil, para que se quedaran con parte del cargamento, incidiendo en que en esa operación cumplió "con la ley".

   Negó, igualmente, que ofreciera un acuerdo a un informador. "Mi obligación era aceptar información para la lucha contra el tráfico de drogas", aseveró el procesado, incidiendo en que siempre siguió un procedimiento "legal" en cuanto a los tratos con los confidentes. Dijo que su lealtad "la tengo muy clara" para con los compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no con los informadores.

   Sobre otro desembarco de droga, esa vez en Marbella, insistió en que "en ningún momento" se permitió perder de vista la droga ni se dio oportunidad de robarla. Asimismo, negó que diera informaciones a confidentes de las investigación contra ellos y explicó que incluirlos en las bases de datos era para "evitar ser manipulado" por éstos.