Los órganos de Gobierno de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), reunidos este martes bajo la presidencia de Javier González de Lara, han considerado "desproporcionado" extender el estado de alarma durante un periodo de seis meses, tal y como ha planteado el Ejecutivo.
Así, han indicado que en la actual situación marcada por la crisis sanitaria del COVID-19, "resulta imprescindible compatibilizar la prevención sanitaria y la actividad económica, adoptando medidas proporcionadas, que no afecten al desarrollo de las empresas y a los puestos de trabajo que de ellas dependen".
Es por ello que han incidido en que seis meses es un plazo "demasiado extenso para la duración del estado de alarma decretado por el Gobierno". Según han indicado desde la CEM en un comunicado, se debería estudiar la evolución de la pandemia periódicamente e ir adaptando las medidas para, de ese modo, "causar el menor perjuicio a la actividad productiva y a la vida de las personas".
A este respecto, han recordado que esta crisis sanitaria y económica "exige decisiones que salvaguarden la sostenibilidad económica de empresarios y autónomos; en especial, a los afectados de forma directa en el ejercicio de su actividad por las medidas restrictivas".
Fondos europeos de recuperación
Los órganos de Gobierno de la CEM se han mostrado también unánimes en la convicción de que Andalucía, y en concreto Málaga, deben tener "una importante presencia en el reparto de los fondos europeos de recuperación".
En este sentido, han manifestado que es importante aprovechar la totalidad de recursos disponibles, tanto los de fondo perdido como los de vía crédito: "Ambas ayudas son complementarias y no sustitutivas si son destinadas a financiar proyectos empresariales transformadores, capaces de generar empleo y riqueza".
Los empresarios han destacado la importancia de aprovechar todos los recursos y oportunidades para apostar por la economía malagueña, en un contexto "muy complejo, marcado por las restricciones normativas y sanitarias y la caída del consumo". Así, han apuntado que pilares del tejido productivo malagueño, como la industria turística o el comercio, "atraviesan situaciones muy difíciles, necesitando en algunos sectores auténticos planes de rescate para poder pervivir".
Estos fondos europeos, además, "pueden resultar de gran utilidad para impulsar otros ámbitos estratégicos de la economía malagueña como el tecnológico, la agroindustria o la logística y el transporte, de ahí la importancia de que lleguen a la provincia", han subrayado.
Estas reflexiones, han añadido, están avaladas por los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), conocidos este martes, que reflejan un total de desempleados en la provincia de Málaga de 181.000, situándose la tasa de paro en el 22,6 por ciento y con un aumento de 37.700 parados respecto al mismo periodo de 2019.
"En un solo trimestre se registran 29.900 personas más en situación de desempleo en la provincia, el mayor incremento trimestral desde 2012, y producido además durante la etapa estival, que habitualmente siempre ha ofrecido los mejores resultados anuales", han sostenido.
Por tanto, ante los datos y la situación actual, el comité ejecutivo y la junta directiva de la CEM han mostrado su preocupación y han recordado "la necesidad de garantizar la confianza y la seguridad jurídica necesarias para reactivar la imagen del territorio para atraer inversiones productivas y trabajar por la recuperación".
En este punto, han incidido en que es preciso "generar un marco propicio para la reconstrucción económica, priorizando políticas encaminadas a activar el consumo y a reforzar la actividad productiva, evitando constreñir la actividad de las empresas más allá de lo razonable y recurriendo siempre al diálogo social como garantía de consenso".
