La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Regeneración, Justicia y Administración Local, ha comunicado el cierre, con fecha límite de las 00.00 horas del 1 de abril de 2021, del Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) San Francisco-La Biznaga de Torremolinos , que cuenta con 15 plazas y dos grupos educativos de convivencia.
En la resolución, consultada por Europa Press, se precisa que en la actualidad la Consejería dispone de 13 CIMI, 39 centros y servicios para el cumplimiento de las medidas de medio abierto y ocho servicios de mediación penal de menores para actuaciones de mediación, conciliación y reparación.
De todos ellos, 12 CIMI y 45 centros y servicios de medio abierto y mediación penal de menores son gestionados mediante contratos administrativos por entidades privadas especializadas en la intervención con menores infractores. El resto es gestionado de forma directa por la Administración, Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, como es el caso del San Francisco de Asís.
Ante esta decisión, los sindicatos CSIF y Ustea han emitido sendos comunicados en los que critican este cierre y “privatización” de servicios, que el comité de empresa conoció el pasado viernes, 12 de febrero. “Con este cierre toda el sistema de centros de menores infractores en Andalucía quedará en manos privadas”, han lamentado. Hace justo un año ya se informó al comité del cierre previsto de este centro.
El comité de empresa ha expresado su repulsa por tal decisión, “recriminándole su absoluta inacción por mejorar e impulsar este centro y el menosprecio al trabajo del conjunto de trabajadoras y trabajadores”. “Ha tardado un año en hablar con el comité, y ha sido para comunicar su cierre”, han lamentado desde Ustea.
Este cierre afecta a más de 100 trabajadores, que este martes han sido convocados a una asamblea general para establecer medidas ante el “cierre injusto de un centro público histórico para ponerlo en manos de la privada”.
CSIF, por su parte, ha trasladado su “absoluto rechazo” y ha advertido que adoptará “cuantas medidas sean necesarias para frenar la privatización de este servicio público”.
