El Comité de Empresa del Centro de Menores San Fracisco de Asís-La Biznaga, en el municipio malagueño de Torremolinos, ha decidido iniciar una serie de movilizaciones para expresar el malestar del personal, reivindicar transparencia así como reprochar el fondo y las formas en la comunicación de la medida por parte del Director General de Justicia Juvenil y Cooperación.
Así lo han anunciado en un comunicado, donde explican que ya han mantenido reuniones con PSOE y Adelante Andalucía, quienes le han transmitido el compromiso de realizar acciones políticas al respecto. También, desde el comité esperan reunirse con PP y Ciudadanos, y cursarán en breve las correspondientes peticiones.
El comité afirma tener los correspondientes permisos de la Subdelegación de Gobierno para realizar, en principio, tres concentraciones, que anuncian para el viernes 26 de febrero y el martes 2 de marzo frente a la sede de la sección de Justicia de la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga. Y una tercera en el Centro de Menores San Francisco de Asís-La Biznaga, en Torremolinos.
El cierre del centro se ordena a través de una Resolución publicada en BOJA el pasado día 19 de febrero, y para el comité "ha sido efectuado con una falta flagrante de buena fe negociadora, plan que venía urdiéndose desde hace tiempo a espaldas del comité de empresa y del conjunto de trabajadores, con una gestión premeditada y dirigida al desmantelamiento de lo público".
De igual modo, critican el nombramiento de un equipo directivo "ajeno absolutamente al campo educativo y social, sin experiencia en el ámbito de la justicia juvenil y ligados al ámbito de la Economía y de la Agricultura". Así, añaden que "la Junta de Andalucía se ha encargado de ir minando al personal y a sus propios servicios públicos, para acabar alabando las excelencias de lo privado y denostar el trabajo del conjunto de los empleados públicos".
Por otra parte, el comité de empresa del centro habla de un déficit de plazas de internamiento de menores en la provincia de Málaga, lo que lleva a que estos tengan que salir de su provincia para cumplir las medidas impuestas en otros centros. Es por ello que ven "incongruente el cierre del centro propio y la privatización total, en el momento actual en el que se van a aumentar el número de plazas de recursos de internamiento de menores infractores en la provincia de Málaga en torno a unas 55 plazas de nueva creación".
Próximamente este órgano colegiado planteará un recurso de alzada a esta medida y un planteamiento de negociación, con objeto de llegar a un acuerdo dentro de los parámetros de mejor funcionamiento de los recursos públicos, transparencia y negociación.
