Marbella

La investigación sobre el líder de la 'Mocro Maffia' baraja varios posibles destinos

A preguntas de los periodistas en Marbella sobre si este investigado podría estar en Marruecos, Carnero ha señalado que "no se descarta ese destino"

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  • El secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Carnero. -

El secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Juan Pedro Carnero, ha señalado este jueves que "existen varias líneas de investigación" para tratar de dar con el paradero del supuesto líder de la 'Mocro Maffia', Karim B., fugado de la Justicia; y ha defendido los "estándares muy altos de calidad" de los efectivos policiales.

A preguntas de los periodistas en Marbella (Málaga) sobre si este investigado podría estar en Marruecos, Carnero ha señalado que "no se descarta ese destino", aunque ha apuntado que "también hay otros lugares que se están barajando en la investigación".

Carnero ha destacado que "tenemos una magnífica Policía, con unos estándares muy altos de calidad en la averiguación y persecución del delincuente, estamos en una ciudad segura y un entorno seguro".

"Eso lo corroboran los datos estadísticos y también los millones de personas que nos visitan cada año. Estamos para mejorar cada día y que el ciudadano se encuentre en total seguridad y libertad en su municipio y pueda pasear, comprar o divertirse y hacer su vida en común", ha agregado.

Preguntado si es necesario plantear un refuerzo de la Justicia, Carnero ha señalado que "por respeto a las actuaciones judiciales, no puedo ni debo valorarlo" y ha incidido en que el objetivo es poner al supuesto líder de la 'Mocro Maffia' "más pronto que tarde, ante la autoridad judicial y en ello estamos".

Karim B. está investigado por un juzgado de Marbella por los delitos de blanqueo, tráfico de drogas, organización criminal y banda armada. Ingresó en prisión por auto del 10 de enero y el 22 de febrero la Audiencia de Málaga acordó su puesta en libertad con medidas cautelares, con la oposición de la Fiscalía.

Dichas medidas cautelares fueron el pago de una fianza de 50.000 euros; la obligación apud acta de comparecer ante el juzgado de su domicilio, o el que instruya o conozca de la causa, cada 15 días; la retirada del pasaporte, con prohibición de salida del territorio nacional; así como la designación de domicilio y deber de facilitar un teléfono de contacto directo entre el investigado recurrente y las autoridades judiciales.

Por otro lado, sobre este investigado pesa una orden europea de detención y entrega (OEDE) expedida por Holanda, que se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

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