Así lo afirma Garzón en el escrito de alegaciones que presentó ayer ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que reclama al órgano de gobierno de los jueces que no le suspenda cautelarmente de sus funciones mientras el Tribunal Supremo (TS) tramita varias querellas contra él.
También solicita que el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, y las vocales Margarita Robles y Gemma Gallego “se abstengan de participar” en las deliberaciones sobre su suspensión y pide que, “caso de no hacerlo”, se tramite la recusación de los tres.
El juez recuerda que la estrategia de “desprestigio, acoso y desautorización” de su labor jurisdiccional, “sin precedentes en la historia judicial española”, comenzó a partir de febrero de 2009 cuando se conoció la investigación del caso Gürtel.
A su juicio, no ayuda el hecho de que los vocales del CGPJ hayan sido nombrados a propuesta de los partidos políticos, entre ellos, dice, el que ahora “se muestra públicamente a favor de mi depuración por haber investigado una trama de corrupción que salpica a alguno de sus componentes”.
Se trata, argumenta, de una campaña alentada por personas a quienes él imputó y jaleada por medios interesados, por motivos ideológicos y personales, en terminar con su carrera.
Según afirma, el objetivo del acoso no es tanto cuestionar su persona, sino su labor jurisdiccional, “intentando poner en tela de juicio la regularidad de las instrucciones y, con ello, forzar la impunidad de las conductas delictivas que el juzgado osó investigar”.
El juez hace hincapié en que cuando, a instancias del fiscal, acordó la prisión de los principales implicados en el caso Gürtel “personalidades próximas a quienes supuestamente se beneficiaron de las presuntas prácticas delictivas entablaron una cruel campaña contra mí”.
