Una proposición de ley que fue acordada por los dos grupos mayoritarios en la subcomisión que durante casi dos años debatió en el Congreso la reforma de la Ley Electoral, y que ayer se sumó los votos a favor de Coalición Canaria, UPyD y UPN, y la abstención de CiU.
Con esta reforma se podrán anular listas que cobijen a candidatos de la izquierda abertzale radical, o se aplicará la figura de “incompatibilidad sobrevenida” a los cargos electos de una formación que se ilegalice si, en un plazo de quince días, no presentan una declaración voluntaria e indubitada de rechazo a la causa por la que fue ilegalizado su partido.
De aprobarse, además, se ampliará el plazo que tienen la Abogacía y el Ministerio Fiscal para declarar ilegal una formación política.
José Antonio Bermúdez de Castro, en nombre del PP, y Txiki Benegas, del PSOE, defendieron la propuesta alegando que ETA y Batasuna han intentado “burlar la ley” sistemáticamente en cada proceso electoral, y con esta reforma se “taponarán” esas “vías ambiguas” a las que ha recurrido.
El diputado socialista señaló que la reforma pretende garantizar que los métodos para defender que los proyectos políticos sean democráticos.
Bermúdez de Castro, por su parte, ha advertido de que el PP estará “vigilante” para que el Gobierno utilice esta nueva herramienta.
