Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que, aunque no ha estudiado el informe en profundidad, las sugerencias del CGPJ se adaptarán al proyecto de ley si sirven para reforzar su último fin, que es “el control de seguimiento de las personas que hayan sido condenadas por terrorismo o delitos sexuales”.
El informe del CGPJ critica, entre otras cosas, la libertad vigilada de hasta veinte años prevista en esa reforma penal para violadores, pederastas y terroristas reincidentes, que, según el Consejo, tiene “difícil justificación” en nuestro ordenamiento jurídico.
Fernández de la Vega recordó que el informe del Consejo General del Poder Judicial es preceptivo y que será, por tanto, estudiado en profundidad por el Gobierno.
"Creemos que hay sugerencias que se pueden tener en cuenta", dijo De la Vega, tras lo que añadió que se incorporaran si consiguen que el proyecto vea reforzado sus objetivos.
