El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se sentará en el banquillo de los acusados tres veces, después de que un juez aceptase hoy una nueva denuncia en su contra por sospechas de corrupción.
Lula, el presidente más popular de la historia de Brasil, se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos por recibir presuntos pagos y favores de sendas constructoras, y en el tercero por haber tratado de callar a un testigo que le señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó la petrolera estatal Petrobras durante al menos una década.
El exmandatario (2003-2011), que cumplirá 71 años dentro de dos semanas, también es investigado por el Tribunal Supremo por su supuesta participación en los desvíos de fondos millonarios de la petrolera, pero en este caso no es considerado reo ni se le imputa ningún delito.
Las tres imputaciones se han producido en un estrecho margen de dos meses y medio, entre el pasado 29 de julio y hoy.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) ha rechazado todas las acusaciones y ha denunciado insistentemente que es blanco de una persecución por parte de los tribunales, con el objetivo de evitar que sea candidato en las elecciones presidenciales de 2018.
Los abogados de Lula afirmaron hoy en un comunicado que el exmandatario es víctima de una "guerra jurídica" que se sostiene en "acusaciones absurdas y sin pruebas", como es el caso de la nueva denuncia, según ellos.
La denuncia más reciente, aceptada hoy por el juez Vallisney de Souza Oliveira, del Tribunal Regional Federal de la Primera Región, acusa a Lula de recibir sumas millonarias de la constructora Odebrecht por haber favorecido a esta empresa, presuntamente de forma ilegal, desde 2008, cuando aún era presidente.
Según la acusación, Lula presionó al banco de fomento de Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), para que concediera créditos a Odebrecht con el fin de que lograse adjudicarse un contrato en Angola.
Los pagos, que ascendieron a 30 millones de reales (unos 9 millones de dólares), los hizo Odebrecht a una empresa que en la época de los hechos acababa de abrir sus puertas, no tenía ninguna experiencia en grandes obras y había sido fundada por Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrino de la primera esposa de Lula.
Además Odebrecht contrató a Lula para pronunciar discursos en diversos países después de dejar la presidencia, lo que, según la fiscalía, se trataba de un medio para canalizar el pago de los sobornos.
La defensa de Lula sostiene que esos desembolsos fueron legales, puesto que participó en los seminarios para los que se le contrató, una actividad que, asegura, desempeñan de forma habitual los ex jefes de Estado de varios países.
La otra denuncia de corrupción considera a Lula beneficiario de favores de la constructora OAS, en concreto un apartamento de lujo en Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, y el pago del alquiler de un depósito en el que almacenaba los regalos que recibió en calidad de jefe de Estado.
Ese caso será juzgado por el estricto juez Sergio Moro, del Tribunal Federal de Curitiba, que ha concentrado las investigaciones del caso Petrobras, que según la acusación está relacionado con el caso del apartamento, que Lula niega a rajatabla que sea suyo o que haya hecho uso de él.
En el tercer juicio, abierto en otra corte de Brasilia, los cargos se refieren a un presunto intento de soborno por parte de Lula al exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, con la intención de que se negase a delatar a otros miembros de la red de corrupción.
En relación con ese caso, el juez Ricardo Leite fijó hoy que la fecha en la que interrogará a Lula será el próximo 17 de febrero.
