El Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, sufrió hoy su segunda derrota durante la tramitación del proyecto de ley del "brexit" en la Cámara de los Lores, que aprobó otorgar poderes al Parlamento para vetar un futuro acuerdo con Bruselas sobre la salida de la Unión Europea (UE).
La cámara alta ya había respaldado otra enmienda para asegurar los derechos de los comunitarios en el Reino Unido, dos anexos que no obstante pueden quedar anulados la próxima semana en la Cámara de los Comunes por la mayoría conservadora.
El ministro para el "brexit", David Davis, avanzó tras la votación que el Ejecutivo espera "revertir" los cambios introducidos por la cámara baja para que la versión final de la ley tenga como "única finalidad" la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que dará inicio a la desconexión.
La enmienda aprobada hoy, por 366 votos a favor y 268 en contra, exige un voto "significativo" de las dos cámaras legislativas británicas antes de que el Reino Unido corte los lazos con la UE al término de los dos años de negociaciones que prevé el tratado europeo.
La conservadora May ya se ha comprometido a someter a votación el acuerdo al que llegue con Bruselas, pero la exigencia de los Lores va un paso más allá, al especificar que la primera ministra no puede levantarse de la mesa de negociaciones sin un acuerdo, a no ser que cuente con el beneplácito del Parlamento.
La cámara alta dota así a los legisladores de la capacidad para evitar un escenario en el que el Reino Unido salga de la UE sin un pacto y se vea abocado a comerciar con el bloque bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), posibilidad para la que el Gobierno ha avanzado que debe estar preparado, aunque la considera "improbable".
El proyecto de ley del "brexit" pasó sin obstáculos en febrero por la Cámara de los Comunes, pero ha encontrado más resistencia en los Lores, formada por veteranos parlamentarios que no han sido elegidos en las urnas y donde el Ejecutivo conservador no tiene mayoría.
En el agitado debate de hoy, las críticas a la posición del Gobierno se sucedieron incluso desde las propias filas conservadoras.
El ex viceprimer ministro "tory" Michael Heseltine, conocido europeísta, advirtió de que "aceptar el mandato para negociar la salida de la Unión Europea no significa que ese mandato sea aplicable siempre y en cualquier circunstancia".
En la misma línea, el antiguo secretario de Estado de Exteriores conservador Douglas Hogg recalcó que la victoria del "brexit" en el referéndum del pasado 23 de junio no justifica una salida de la UE "a cualquier precio".
El portavoz del Ejecutivo en los Lores, George Bridges, argumentó por su parte que dotar a las cámaras con un poder de veto demasiado amplio puede entorpecer las futuras negociaciones con Bruselas.
"El Gobierno llevará ese diálogo en nombre del Reino Unido y, como cualquier negociador, necesitará espacio para maniobrar", dijo Bridges, para quien la posibilidad de que May no pueda levantarse de la mesa sin un acuerdo por mandato parlamentario "minará" sus posibilidades de lograr un pacto satisfactorio.
La primera ministra espera que el texto vuelva a pasar sin dificultades por los Comunes la próxima semana y que los Lores den su visto bueno a la versión definitiva sin demasiadas demoras.
Angela Smith, líder laborista en los Lores, apuntó en esa dirección al asegurar que la oposición no quiere "extender el ping pong" entre las dos cámaras legislativas.
Una vez la ley reciba el consentimiento de los legisladores y la rúbrica de la reina Isabel II, la primera ministra tendrá el poder constitucional para comunicar a Bruselas la activación del artículo 50 e iniciar de forma oficial el periodo de desconexión.
El trámite parlamentario en los Lores impedirá a May activar ese proceso en la cumbre europea del 9 y 10 de marzo, como preveía, si bien espera hacerlo antes de fin de mes, el límite que se ha marcado para dar ese paso.
