Uno de los representantes de la inmobiliaria Edivara, propietaria de la Casa del Aire del barrio del Albaicín, está citado a declarar este jueves en el Juzgado de Instrucción 5 de Granada en el marco de las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por los antiguos inquilinos del inmueble por posibles coacciones.
Con motivo de esta declaración judicial, un grupo de simpatizantes de la Casa del Aire ha convocado una concentración a las 10,00 horas en la puerta del edificio judicial de La Caleta para mostrar su rechazo al acoso inmobiliario.
El texto de la denuncia, que se presentó por los vecinos con el respaldo del 15M y por el Grupo de Juristas 17 de Marzo, se basa en lo que han definido como "un claro ejemplo de acoso inmobiliario por parte de Edivara, que durante los últimos nueve años ha actuado al modo de los conocidos como 'asusta viejas' para lograr que los inquilinos se marcharan de ella".
La querella recoge que para ello ha buscado "constantemente la búsqueda de la declaración de ruina" del edificio del barrio del Albaicín, no acometiendo los arreglos necesarios y requeridos incluso por el Ayuntamiento de Granada, o dejando ventanas abiertas para que se deteriore el interior.
La acusación de coacciones se sustenta también en las dificultades que la inmobiliaria ha puesto para el cobro de los alquileres, para así alegar impago, y en la negativa a reconocer el contrato indefinido de renta antigua de uno de los vecinos, Manuel Prieto, a pesar de que la justicia ya le diera la razón en este punto. Tanto él como Clara Martínez, que figuran como denunciantes, han sufrido además numerosos cortes de luz y agua. La querella recoge incluso la presencia de un guarda jurado en la vivienda que no permitía tener llaves a los vecinos e impedía el paso a familiares y amigos.
La querella que el 15M presentó el pasado 28 de junio fue la primera por acoso inmobiliario en Andalucía, puesto que recogía un delito de coacciones 'a través de actos hostiles o humillantes que que tengan por objeto impedir el disfrute de la vivienda', incluido en 2010 en el código penal. No obstante, el juez no admitió esta modalidad y se centrará en las supuestas coacciones, fundamentándose en que el posible delito por 'mobbing' inmobiliario habría prescrito.
