La Diputación de Granada ha aprobado en pleno extraordinario, con los votos a favor del equipo de gobierno popular y el rechazo de los grupos del PSOE e IU, iniciar la declaración de lesividad de dos acuerdos del pleno adoptados en 2010 para la provisión del puesto de secretario general.

   El diputado provincial de Función Pública, Francisco Maldonado, ha justificado esta iniciativa en que la fórmula usada por la anterior corporación (PSOE-IU) para cubrir este puesto daña los intereses "provinciales", al considerar que las bases del concurso convocado al efecto fueron hechas "a medida" del aspirante que obtuvo la plaza.

   Maldonado también ha censurado que se decidiera impulsar un concurso ordinario para escoger al secretario general cuando todos los habilitados nacionales se nombran por libre designación, y toda vez que el resto de cargos que comparten esta característica en la institución provincial han sido designados con la segunda fórmula.

   Además, el diputado de Función Pública se ha preguntado por qué no se optó por un concurso unitario para cubrir la plaza, de forma que pudiera acceder a ella todo el mundo y se escogiera "al mejor". ¿Querían al mejor secretario o hicieron un traje a medida?, ha clamado Maldonado, quien ha considerado "extraño" que solo dos personas se presentaron al concurso para optar a este puesto "tan jugoso".

   En contraposición, el diputado socialista Manuel Gómez Vidal ha defendido que el acuerdo de pleno por el que se convocó el concurso y se definieron las bases del mismo fue "impecable jurídicamente." Según ha relatado, se apoyó en los informes de los técnicos de la institución provincial, fue objeto de información pública y se sometió a alegaciones, sin que se presentara recurso alguno contra el proceso.

   También ha destacado que el grupo popular no se mostró contrario al acuerdo plenario, sino que se abstuvo en la votación. Por ello, ha advertido de que el equipo de gobierno no pretende defender el interés público sino "quebrar la seguridad jurídica" y "violentar la ley".

   Por su parte, la diputada de IU María Asunción Pérez Cotarelo ha mostrado su "asombro" por la pretensión del equipo de gobierno de declarar lesivos los acuerdos de pleno que permitieron convocar el concurso para cubrir este puesto cuando, además, "existe una sentencia judicial" que obliga a cerrar el proceso.

   A su juicio, el equipo de gobierno pretende "desviar la atención" de su gestión y le ha instado a no usar dinero público para recurrir este asunto, una actitud que ha achacado al deseo del presidente de la institución provincial, Sebastián Pérez, de "querer ser como el aceite" y quedar "encima de una sentencia y de la ley".

   El turno de réplicas ha sido cerrado por Pérez, quien ha dicho que "da vergüenza leer las bases del concurso y el currículo que presentó uno de los aspirantes" dadas sus similitudes y ha advertido de que su partido "siempre va a defender la decencia, la honradez y que todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceder a un puesto de trabajo".
UNIVERSIADA

   La creación del Consorcio para la celebración de la Universiada de Invierno 2015 y la aprobación de sus estatutos han sido otros de los asuntos que se han abordado en el pleno y que han salido adelante por unanimidad de todos los grupos políticos junto a la modificación de los estatutos de la Asociación Granada 2015. De hecho, se ha aprobado un expediente de modificación de crédito que, entre otros asuntos, incluye el abono de cuotas para la Universiada correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012 por más de 263.000 euros.

   Otro de los motivos de esta modificación presupuestaria es que algunas partidas no cuentan ya con crédito suficiente para acometer gastos que por su naturaleza no pueden esperar hasta el año que viene, según han manifestado las diferentes áreas gestoras de la institución.

   El último punto del orden del día ha sido dar cuenta de la renuncia de Gerardo Sánchez como diputado provincial del PSOE tras haberse convertido en el alcalde de Armilla (Granada), de modo que ahora se inicia el proceso para que su sustituto pueda incorporarse al cargo.