El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes en pleno el nuevo plan de ajuste al que debe someterse la entidad local para acogerse al tercer plan de pago a proveedores, una medida que se afrontará mediante un incremento de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a partir del 2016 derivada de una previsión del aumento del padrón y, por tanto, del número de recibos.
El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta para sacar adelante la medida, que ha contado con el rechazo de toda la oposición, conformada por nueve ediles del PSOE, dos de IU y una de UPyD. Además, ha salido aprobada la propuesta de nuevas tarifas del ciclo integral del agua, y los estatutos de la empresa mixta que gestionará el cementerio, y de la oposición, la moción de IU sobre cláusulas suelo y BMN, tras una modificación que ha extendido la iniciativa al resto de los bancos, de UPyD, por unanimidad, la de apoyo a la comunidad LGTB rusa, y la del PSOE sobre la deuda de la Junta al Ayuntamiento, según han informado a Europa Press fuentes municipales.
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, se ha ausentado del Salón de Plenos poco después de que comenzara la sesión, para acudir a la inauguración del nuevo curso académico en la Universidad de Granada, que arrancaba a las 11,00 horas.
Del nuevo plan de ajuste ya se pronunció este jueves el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Ledesma, que explicó que recoge una serie de ingresos derivados de la "buena gestión y eficiencia" de las empresas municipales, lo que permitirá que los dividendos de entidades como Emucesa, unos 600.000 euros en este caso, entren "íntegramente" en las arcas municipales.
En el ámbito de personal, el Ayuntamiento estima un ahorro de 500.000 euros no cubriendo las plazas vacantes y jubilaciones que se vayan produciendo, por lo que se mantendrá el "compromiso" de mantener "la estabilidad en el empleo".
Además, Ledesma ha negado que se vaya a suprimir a partir de 2016 el servicio de mantenimiento y atención ciudadana del 010, sino que a partir de esa fecha acaba el contrato con la actual concesionaria y serán los funcionarios del Ayuntamiento quienes asuman su gestión.
El Ayuntamiento también cree que podrá ahorrar más de dos millones de euros a través del nuevo modelo de transporte público, según ha detallado Ledesma, quien ha precisado que si alguna de estas previsiones reflejadas en el plan de ajuste no se cumplen, como por ejemplo el aumento en la recaudación del IBI, sería el Gobierno central quien alertaría de este hecho para que se subsanara el desfase con otras medidas.
