La Fiscalía ha trasladado hoy a los representantes legales de Juana Rivas, la mujer a la que un juzgado de Granada ha ordenado la devolución de sus dos hijos a Italia con su padre -quien fue condenado por un delito de lesiones-, que debe cumplirse la decisión judicial acordada.
Fuentes del Ministerio Público han informado a Efe de que la posición de la Fiscalía mantenida hasta ahora no ha variado durante la reunión y que sigue considerando que se habría producido un "secuestro" de los dos menores, de 3 y 11 años, "no autorizado".
Cualquier medida tendente a sustituir la patria potestad de los menores debería ser adoptada, en cumplimiento de la legalidad internacional, por los tribunales de Italia, país competente en este caso por ser lugar de residencia de los niños, ha añadido la Fiscalía.
Asimismo, fuentes del Ministerio Público han recordado que el recurso de reposición que cabe contra la decisión del juzgado de Granada que obliga a la madre a restituir a los menores con su padre esta misma tarde "no tiene efectos suspensivos" sobre la orden judicial ya acordada.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han indicado a Efe que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada está obligado a ejecutar la sentencia de la Audiencia provincial, que además le ha instado a hacerlo.
En concreto, la Audiencia de Granada desestimó un recurso de apelación interpuesto por la mujer contra la decisión de un juzgado que le ordenó la "inmediata restitución" de sus dos hijos a Italia con su padre, después de que éste denunciara su sustracción.
Entre otras consideraciones, la Audiencia explicaba que los menores residen en Italia desde el 2013, el más pequeño desde su nacimiento, y que están sujetos a las normas de aquel país y las de derecho Internacional que se concretan en el Tratado de Roma.
Agregaba que, mediante "las vías de hecho" la madre, aprovechando un permiso en España, dejó de trasladar a los hijos donde tenían su residencia, donde vive el padre y están escolarizados, tomándose así "la justicia por su mano".
La Audiencia también señalaba que los hechos alegados y los actos propios de la madre y del padre en su conjunto permiten concluir que la restitución "no supone ni acredita que los menores queden expuestos a peligro físico o psíquico grave, ni a una situación intolerable", como por contra sostiene la mujer después de que en el 2009 el progenitor fuera condenado por lesiones en el ámbito familiar.
A ese argumento -la falta de acreditación de peligro o riesgo para los menores-, se acoge también el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada para ordenar la devolución de los niños.
Existe otra denuncia por maltrato que Juana Rivas interpuso en España contra el padre de sus hijos con posterioridad, el año pasado, pero ésta aún no ha sido tramitada porque está pendiente de ser traducida para ser remitida a las autoridades de Italia, donde deberá tramitarse dado que los supuestos hechos ocurrieron allí.
Por su parte, la responsable del área de Igualdad del centro de la mujer de Maracena, Francisca Granados, ha señalado hoy a los periodistas que el encuentro que ha mantenido esta mañana con la Fiscalía ha sido una de las experiencias más triste de su vida, si bien no ha dado más detalles de la reunión.
Granados, que ha asesorado en todo el proceso a Juana Rivas, ofrecerá más información en una rueda de prensa en el municipio granadino en el que reside la madre a partir de las 16.00 horas, antes de la movilización convocada en apoyo a esta vecina.
Según el testimonio de la propia Juana Rivas, tuvo que escapar en mayo de 2016 de la pequeña isla italiana de Carloforte en la que vivía con su pareja y padre de sus dos hijos tras estar sometida supuestamente a una situación insostenible de violencia psicológica y física.
