La delegada municipal de Juventud del Ayuntamiento de San Fernando, Úrsula Ruíz, ha denunciado que la Junta de Andalucía deja de atender a usuarios de sus servicios a la hora de proporcionarles certificados de tramitaciones en papel, viéndose estas personas obligadas a acudir a la Casa de la Juventud y solicitar a sus trabajadores la impresión de los mismos.
Para la concejal popular esta situación viene a sumarse al “cúmulo de despropósitos” que viene protagonizando la administración autonómica, teniendo el Ayuntamiento que asumir un servicio que no le corresponde “por la incompetencia” que demuestra el Gobierno autonómico.
Según ha indicado la edil popular, en el último año el balance de actividad que presentaron los empleados municipales de Juventud reflejaba un dato “muy significativo”, se llegaron a expedir más de 500 certificados para la tramitación de ayudas sociales, la inmensa mayoría provenientes del Servicio Andaluz de Empleo o del Servicio Andaluz de Salud. Ruíz denuncia que estos certificados deben ser proporcionados por quien los expide, que es su administración competente y quien tiene el deber de atender correctamente a sus ciudadanos.
Este servicio no se corresponde con la finalidad que tienen las instalaciones de la Casa de Juventud, no obstante los cientos de usuarios que lo han solicitado fueron debidamente atendidos por el personal municipal dado que se observó que era “el único recurso que les quedaba para solucionar una situación de extrema necesidad”. Ruíz añadió que estas personas venían derivadas de organismos de la Junta.
“Los recortes en políticas sociales de la Junta de Andalucía han llegado al extremo de que en las oficinas del SAE y del SAS no proporcionan a los usuarios los certificados en papel para tramitar las ayudas, cosa que hemos podido comprobar en la Delegación Municipal de Juventud, donde hemos registrado cientos de demandas de personas que venían para que se les imprimieran los certificados del SAS y del SAE", dice la delegada.
Ruíz recuerda que no son servicios de los que presta Juventud, aunque "nosotros lo hacemos porque en la mayoría de los casos era el último recurso que les quedaba a estas personas. Volvemos a evidenciar que la auténtica política antisocial la lleva a cabo la Junta de Griñán y Valderas, pero en este caso el Ayuntamiento, como la administración más cercana al ciudadano, vuelve a dar la talla y asume un servicio que no le corresponde, pero dado que quienes los solicitaban eran personas con muy escasos recursos, se les daba solución. No obstante, esperamos que esta situación sea aclarada por quienes la han provocado”.
