El Ayuntamiento no tiene claro a día de hoy qué órgano es el competente para iniciar el expediente de resolución de contrato con la empresa Urbaser, que actualmente presta el servicio de limpieza y recogida de residuos urbanos y a la que el Gobierno local le quiere rescindir el contrato por los "incumplimiento" que han venido registrando en los últimos meses.
Será la secretaria municipal la que tenga la última palabra, puesto que hay dudas sobre si es un trámite administrativo que depende del Pleno, o bien de la Junta Local de Gobierno o incluso a la Delegación Municipal de Hacienda.
Esa ha sido una de las cuestiones que ha habido sobre la mesa este martes durante la celebración de la Comisión de Seguimiento de los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria, a la que han asistido representantes de los distintos partidos con representación municipal y miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León.
Desde el Gobierno municipal hay un compromiso de realizar un ejercicio de transparencia en todo lo relacionado con la resolución del contrato con la citada mercantil, a la que vez que se ha insistido en que los expedientes y pruebas documentales sobre los reiterados incumplimientos de contrato por parte de la empresa están a disposición de los grupos políticos para su consulta.
El PSOE pide una nueva plica y celeridad
Desde el Partido Socialista recuerdan quer fueron los primeros en denunciar las deficiencias del servicio de limpieza "sin que el equipo de Loaiza hiciera nada al respecto", hasta que la situación se volvió insostenible. Ahora, la formación se muestra conforme con respecto a la necesidad de rescindir el contrato a la actual adjudicataria, una vez conocido el expediente abierto y las sanciones impuestas por su incumplimiento, para que se inicie un proceso que derive en la entrada de una nueva empresa que se haga responsable de estas labores, por la que los isleños pagan más de ocho millones de euros al año.
Lo que no entienden los socialistas es que a pesar de que se haya decidido dar este paso, no se tenga aún claro el procedimiento que se debe seguir para llevarlo a cabo, y menos aún qué delegación tiene las competencias. Es decir si el expediente para la rescisión del contrato se debe hacer desde Hacienda, si tal responsabilidad le corresponde a la Junta Local de Gobierno o si la tramitación tiene que pasar por Pleno. Mientras se aclaran estos aspectos y para agilizar el proceso desde el PSOE se solicita que se vaya trabajando ya en la elaboración de la nueva plica de la basura, de modo que una vez se haya certificado la rescisión del contrato, se pueda sacar de manera inmediata la adjudicación de este servicio tan esencial.
De esta manera el Partido Socialista apremia al responsable de esta área, el andalucista Francisco Romero, a que haga todo lo posible porque no se demoren los plazos y consiga que la ciudad cuente con una nueva empresa con mejoras en el contrato que se adapte a las necesidades de los vecinos y realice de manera adecuada la recogida de la basura y la limpieza de la ciudad. Para ello se pide que se intente conseguir el máximo consenso posible en la elaboración de esta nueva plica, contando para ello con el resto de grupos municipales. “Lo que no se puede permitir es que ahora el proceso se dilate en el tiempo y que San Fernando tenga que continuar soportando esta situación durante los próximos meses. Ya se ha demostrado con informes internos lo que se ha denunciado desde el principio por el Partido Socialista. Ahora hay que actuar y hay que hacerlo cuanto antes”, dijo la portavoz socialista, Patricia Cavada.
Entre los motivos para la rescisión del contrato a la empresa encargada del servicio se encuentran denuncias ya realizadas por el Partido Socialista, agravado todo por la “lamentable” campaña de Reyes que según el Gobierno local se debió a la gran cantidad de desperdicios y embalajes, para ahora reconocer que no se acometió de la forma adecuada como expusieron los vecinos. A todas estas denuncias el PP siempre defendió el cumplimiento de la plica por parte de la empresa y que en los casos en los que se encontraba alguna discrepancia se imponía una sanción. La sorpresa de los socialistas ha sido conocer que las supuestas sanciones se realizaron durante el último año, cuando las denuncias y quejas vecinales se acumulan desde el comienzo del mandato de Loaiza.
