La concejal del PP isleño, María del Carmen Roa, ha lamentado la "falta de transparencia y el engaño continuo" al que el gobierno de Patricia Cavada y Fran Romero está sometiendo, ya no sólo a la ciudadanía, sino también a altas instituciones de la administración pública. Ejemplo de todo esto es el traslado del polémico armatoste que la Junta de Andalucía colocó frente a un Bien de Interés Cultural (BIC), la Compañía de María, como consecuencia del paso del tren-tranvía por la calle Real.
La edil popular recordó que la colocación de ese armario de servicio –posteriormente bautizado como ‘armatoste’- se realizó por parte de la Junta sin la autorización del Ayuntamiento y pese a que el gobierno municipal de entonces, liderado por José Loaiza, ordenara la paralización de los trabajos.
Obviamente, a la vista de los hechos, la administración gobernada por el PSOE hizo caso omiso al Ayuntamiento y ‘plantó’ el armatoste “pese a conocer que era una decisión, cuanto menos, irregular”.
La gran contestación ciudadana y política que obtuvo esa decisión de la Junta, obligó a la promotora del tren-tranvía a replantearse su decisión tres años después haberla materializado, en octubre de 2014, concretamente.
Hasta llegar a esta situación, han sido numerosas las denuncias, quejas y manifestaciones públicas las que han obligado a la administración autonómica a redefinir su actuación y al Ayuntamiento a presionar para que sus compañeros en la Junta actuasen con respeto hacia el patrimonio local de los isleños.
“Ha habido momentos en los que daba la sensación de que la Junta hacía y deshacía en San Fernando sin contar con nadie y sin importarle nada a excepción de concluir a toda costa una obra que se ha desvelado como la peor ejecutada en la historia de nuestra ciudad”, declaró Mª del Carmen Roa.
"Cómplice" de todo ello ha sido el gobierno de Patricia Cavada y Fran Romero. Tal y como desvela un informe, el gobierno municipal PSOE-PA contestó al requerimiento cursado por el Defensor del Pueblo Andaluz sobre la situación del citado ‘armatoste’, que este se había trasladado en febrero de 2016 a la calle Pizarro. "Queda demostrado, por tanto, que el ejecutivo de PSOE y Andalucistas engañaron conscientemente a una alta institución de la administración pública como es el Defensor del Pueblo".
“El de Cavada y Fran Romero sigue desvelándose como un gobierno mentiroso, chanchullero y totalmente opaco en sus decisiones. Hace más de un año le mintieron al Defensor del Pueblo, pero es que a los isleños nos lleva mintiendo desde julio de 2015”, dice Roa.
Ante esta situación, “totalmente inverosímil en una democracia, en donde una administración engaña a otra administración”, Roa exige “una explicación contundente, clara, de PSOE-Andalucistas, que dirima responsabilidades por un hecho que calificamos de ‘muy grave’. Queremos saber si fue Patricia Cavada la que firmó la respuesta remitida al DPA, o quien fue “.
A todo ello se suma el hecho de que, el tardío traslado del ‘armatoste’ a la calle Pizarro, va a ser sufragado con dinero de todos los isleños, esto es, “lo vamos a abonar de nuestros presupuestos cuando debería ser la Junta de Andalucía la encargada de pagar esa obra”.
En este caso, el gobierno de Patricia Cavada y Fran Romero han vuelto a ponerse de parte de la Junta de Andalucía ofreciéndoles una coartada perfecta para el traslado gratuito: el Ayuntamiento realiza actualmente una obra de mejora en la calle Pizarro y la promotora del tren-tranvía aprovecha un hueco resultante para esconder el armatoste.
“Es la Junta, la que originó el problema, la que debe correr con el coste de toda la obra. Ni un euro más tiene que salir del bolsillo de los isleños. Es lamentable que el gobierno del PSOE y Andalucistas vuelva a darle la espalda a los intereses de los ciudadanos para salvarle la cara a la Junta de Andalucía”, concluyó Roa.
