Y es que, según ha explicado el Secretario General de UPA-Cádiz, José Manrique de Lara, actualmente los integrantes de la Comunidad de Regantes ‘Costa Noroeste’, cuyo 50% aproximadamente son roteños, votan en función del número de hectáreas que poseen, "lo que beneficia tan sólo a una minoría de agricultores".
Según se ha explicado desde UPA-Cádiz, esta circunstancia ha propiciado que en la última Asamblea Ordinaria de la citada Comunidad de Regantes se hayan aprobado diversos proyectos por el montante de 5.700.000 euros con tan sólo el apoyo de nueve agricultores, frente a los ciento once que votaron en contra. UPA-Cádiz denuncia que este dinero se pretende invertir en proyectos "no necesarios, cuando hay otras necesidades prioritarias de mantenimiento de las estaciones y de la red de riego ya existentes".
Por ello, José Manrique de Lara se pregunta si "hay alguna solicitud de ampliación de la Comunidad de Regantes para favorecer a algún agricultor particular o sociedad concreta con un proyecto que finalmente sería pagado por el conjunto de agricultores de la citada comunidad".
Algo a lo que UPA-Cádiz se opone rotundamente ya que considera que, con actuaciones de este tipo, "determinados grupos reducidos de agricultores y sociedades ponen en peligro el futuro de todos los pequeños y medianos agricultores en general, haciendo inversiones muy por encima de las posibilidad actuales dada la situación de crisis del sector agrícola".
Por otra parte, UPA-Cádiz ha denunciado que cinco de estos grupos de agricultores y sociedades que concentran el mayor número de hectáreas de la zona se encuentran en una situación de "ilegalidad". Ésto se debe a que cada una de estas cinco sociedades superan las 100 hectáreas, infringiendo así el Decreto de Puesta en Riego del 17 de Julio de 1975, por el que se establece que las empresas y agricultores de esta índole de la Costa Noroeste no pueden superar las 80 hectáreas.
En este sentido, UPA-Cádiz ha mostrado su “indignación” por la existencia en la Costa Noroeste de una sociedad como Torrebreva (propiedad de la familia de Orleáns) que posee más de 500 hectáreas de unas tierras transformadas con dinero público por parte de las Administraciones Central y Autonómica. Una sociedad que, además, en las Asambleas de la Comunidad de Regantes vota sistemáticamente en contra de los intereses de los pequeños y medianos agricultores.
Por todo ello, la Unión de Pequeños Agricultores solicita a la Agencia Andaluza del Agua y a la Consejería de Agricultura que paralice cualquier subvención que no vaya encaminada al sostenimiento de instalaciones ya existentes. Asimismo, UPA-Cádiz ruega que se investigue “a quien corresponda “por la “excesiva permisividad” que desde las Administraciones se tiene con la Sociedad Torrebreva y la familia Orleáns.
Por último, el Secretario General de UPA-Cádiz, José Manrique de Lara, ha anunciado que desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se iniciarán las "acciones necesarias" para cambiar el artículo 40 de los estatutos de la Comunidad de Regantes ‘Costa Noroeste’ que regula que el sistema de votación, acogiéndose al reglamento de Dominio Público Hidráulico que modula la representación.
