La veintena de familias que residen en la Corrala Jaramillo han recibido esta mañana la notificación del juzgado mixto número 4 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para que abandonen el inmueble que ocuparon hace ahora tres meses. Agentes de la Policía Nacional, a requerimiento del juzgado sanluqueño, han acompañado a un agente judicial para dar traslado al requerimiento, en el que se comunica la orden de desalojo y se concede un plazo de 10 días para que los afectados presenten las alegaciones que estimen oportunas.
La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre las familias que desde primeros del mes de julio ocuparon este inmueble, ubicado en la plaza Juan Grande, "porque no teníamos un techo para nuestros hijos". Así se expresaba Gema Soto, la portavoz de la Corrala donde residen en la actualidad 20 familias, 36 niños y cinco mujeres embarazadas. Precisamente hoy ha dado a luz una de las okupas de esta Corrala, sobre la que ya pesa la orden judicial para el desalojo. A pesar de esta notificación, los okupas tienen claro cuál será su postura. "De aquí no nos vamos, ni por las buenas ni por las malas, ya vengan los Geos o los que vengan", asegura esta okupa, que se ha dirigido al alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, preguntándole "¿Dónde nos vamos ahora? Denos una solución", le ha exigido reclamándole la construcción de viviendas para personas en exclusión social. "Cuando nos vayamos nos iremos realojados por el Ayuntamiento, mientras no", añade Gema.
Los okupas se han referido a su situación de "extrema necesidad" señalando que "a nadie le agrada meterse en una casa llena de estupefacientes, con ratas y murciélagos", apuntando la "rehabilitación" a la que han sometido el inmueble, cerrado durante los últimos 9 años, según sostienen. "¿Ahora vienen a reclamar esto? Echarnos a la calle con todas las criaturas que hay aquí... somos personas, no ladrones y no nos negamos a pagar en la medida de nuestras posibilidades. Lo único que queremos es un techo para vivir", argumentan. "Estamos pasando necesidad extrema, sin tener un plato de comida que llevarnos a la boca y nos estamos ayudando entre nosotros", explicaba otra de las vecinas. Según la portavoz de la Corrala, la mayoría de las familias okupas no reciben ningún tipo de ayuda "porque estamos empadronados en casa de nuestros familiares y tienen ingresos, aunque mínimos, entonces no nos pertenece nada".
Según han explicado los vecinos, la Policía les ha informado de que el juzgado ha actuado a instancias de la propiedad de la vivienda, la entidad Caixabank, que habría llevado a los tribunales la ocupación del inmueble requiriendo ahora su desalojo.
El abogado del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT), Hugo Sánchez, ha señalado que la recepción de esta notificación supone "el comienzo de un atropello al derecho a la vivienda digna, de ciudadanos de Sanlúcar que en su gran mayoría tienen hijos y que no tienen viviendas para poder satisfacer las necesidades básicas de su familia". "En lugar de ofrecer una solución política o jurídica al realojo de estas personas, lo primero que se les ocurre es 'manu militari' e ir a despojar una propiedad privada que no tiene ningún derecho a despojar a esta gente de esta vivienda y menos en este momento", ha apuntado, recordando el derecho constitucional a una vivienda digna y el compromiso del Comité de las Naciones Unidas para evitar el desalojo masivo de personas y la voluntad política acordada para ofrecerles indemnizaciones y/o viviendas a los afectados. "El deber de los jueces es proteger los derechos humanos y el derecho a una vivienda que es, además, un derecho constitucional, y hacer efectiva la función social de la propiedad", manifestó el abogado del SAT quien ha adelantado a este medio que recurrirán judicialmente este anuncio de desalojo.
