La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha propuesto la creación de una "comisión de expertos técnicos y científicos" que evalúe los posibles riesgos de los vertidos previstos al Guadalquivir como parte del proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, operada por Minera Los Frailes, una sociedad del grupo México y Minorbis. Esta comisión también debería contar con el pronunciamiento del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana y del Ministerio de Transición Ecológica.
En una resolución emitida el pasado 18 de diciembre, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz señala las posiciones enfrentadas sobre el proyecto. Por un lado, quienes apoyan la reapertura de la mina defienden los posibles beneficios laborales, sociales y económicos, mientras que los ecologistas y defensores del medio ambiente alertan sobre los riesgos para el ecosistema del Guadalquivir, particularmente por los vertidos al río, que podrían aumentar la acumulación de residuos tóxicos ya presentes en la zona. Los vertidos, aunque depurados, afectan a la pesca y la agricultura de la región.
La reapertura de la mina de Aznalcóllar, que cuenta con una inversión de 316 millones de euros y la creación de aproximadamente 2.000 empleos, implicaría la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos durante al menos 17 años. Sin embargo, según los grupos ecologistas, el proyecto incluye el vertido de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados como arsénico, cadmio, cobre y plomo al Guadalquivir durante más de 18 años, lo que pondría en riesgo los ecosistemas del estuario del río y la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir.
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha defendido el proyecto, destacando que se aplicarán los requisitos más estrictos para el tratamiento de los residuos y la depuración de aguas, y que la empresa invertirá 100 millones de euros en medidas de sostenibilidad ambiental. Sin embargo, los informes de los grupos ecologistas, elaborados por el catedrático de la Universidad de Sevilla, Jesús Manuel Castillo, advierten sobre la acumulación de residuos tóxicos de vertidos anteriores, como los procedentes de la Mina Cobre-Las Cruces, lo que podría resultar en una contaminación por acumulación.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha instado a la Junta de Andalucía a tener en cuenta los informes de Castillo y a valorar si los riesgos ambientales han sido suficientemente evaluados durante el proceso de autorización ambiental. En su resolución, la Oficina propone la creación de una comisión de expertos científicos para determinar si los riesgos derivados del vertido son lo suficientemente claros o si es necesario aplicar principios de precaución. También sugiere solicitar un informe del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, así como un pronunciamiento de los organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica sobre la posible incidencia de los vertidos en el medio ambiente.
