Montemarta-Cómica, el centro de tratamiento de residuos urbanos no peligros de la Mancomunidad de los Alcores, que ahora mismo recibe la basura de 42 municipios incluida Sevilla capital (aunque 27 dejarán de hacerlo en mayo) y que gestiona en prórroga forzosa desde 2016 la empresa Aborgase, es “especialmente mala” en lo que a tratamiento se refiere, enterrando en vertedero el 86% de lo que recibe, por lo que Ecologistas en Acción ha instado a las autoridades a tener “voluntad política” e invertir en ella para alcanzar los estándares necesarios para conseguir reciclar en los niveles que exige la normativa y evitar multas desde la Unión Europea.

“Lo que hay que decirle a las autoridades es que, de una vez por todas, solucionen el problema de Montemarta, que requiere voluntad política e inversión, maquinaria especial, personal y mano de obra. Eso no se hace en cinco minutos entre dos personas, pero hay que hacerlo, porque además de perder 16 millones en materiales que se entierran, tenemos que pagar multas a la UE por hacerlo mal”. Así de contundente se mostraba Leticia Baselga, de Ecologistas en Acción, en Tierra 7, el programa medioambiental de 7TV que presenta Jorge Molina.

La situación de la planta de Montemarta-Cónica, como ha venido revelando Viva a lo largo de los últimos meses, ha sido objeto de un durísimo informe por parte del Tribunal de Cuentas, que ha abierto un procedimiento de investigación por las irregularidades contables detectadas en la Mancomunidad de los Alcores, lo que ha obligado, entre otros aspectos, a que esta entidad deje de prestar servicios ajenos (entre ellos, la recogida de basuras), que los 27 municipios de la Mancomunidad del Guadalquivir lleven a partir de mayo sus residuos a la Mancomunidad de la Vega y que comience la redacción de un nuevo pliego de adjudicación, que ya se intentó realizar a partir de 2017 de forma infructuosa, en parte por la actitud de la adjudicataria, Aborgase, según recoge el informe.

A la alerta del Tribunal de Cuentas se le suman los distintos informes sobre los bajos niveles de recuperación de las fracciones de residuos, que fijan en un 86% lo que termina enterrándose en vertedero sin reciclaje, y la pérdida económica que supone esa mala gestión, como recordaba Leticia Baselga, se estima en unos “16 millones de euros anuales lo que se entierra y que son materiales con valor comercial, es mucho dinero”, insistía, explicando que esos materiales van desde los voluminosos (plásticos principalmente), biorresiduos (que en el caso de Andalucía, la mitad de la basura es compostable) o materiales de construcción y demolición.

 

La planta de Montemarta es "especialmente mala"

“En Andalucía estamos regulín” en cuanto a tratamiento de residuos, aseguraba Baselga, pero “esta planta es especialmente mala y casi todo va a vertedero”, señalaba, afirmando que “falta voluntad política y falta inversión pero, desde luego, no es culpa del consumidor, que bastante tiene con separar bien y llevarlo a su contenedor”, añadiendo que también los productores tienen que hacerse cargo de sus residuos “y no lo hacen” y que existen un sistema de recogida “que es nefasto porque recogemos como en los años 90”.

Aunque señala que en papel y vidrio los contenedores no suelen contener residuos impropios, el marrón o el de biorresiduos, el quinto contenedor que debe implantarse por ley y que ya se están haciendo, por ejemplo, en Sevilla, “el 60% no es materia orgánica” y para conseguir una recuperación completa, los biorresiduos sólo pueden llegar limpios de impropios.

Baselga tira de las experiencias, no sólo en España sino en muchos países europeos, para asegurar que los dos únicos sistemas que permitirían una recuperación óptima de los biorresiduos es el puerta a puerta, es decir, que se recojan ese tipo de residuos en unos días concretos y en un sitio fijo, y el contenedor marrón pero con llave, aunque suelen romperse con facilidad. Hay otros sistemas, como el compostador que se está implantando en el País Vasco, y los códigos de barras y etiquetas identificativas, que es “demasiado sofisticado y caro”, reconoce.

Ante este panorama “desalentador”, en el que se tira a la basura muchos materiales que pueden tener una segunda o tercera vida, Baselga insistía en pedirle a los ciudadanos que continúen separando sus residuos.

“Separar es muy importante, si no lo hay, no hay reciclado posible”, aseguraba, insistiendo que en el caso de Montemarta hay que solucionar el problema e invertir, porque “además de perder 16 millones de euros al año, es que tenemos que pagar más impuestos por hacerlo mal”, especialmente ahora los ayuntamientos con el nuevo impuesto a vertedero. “Los ayuntamientos deben ser los primeros interesados en que se recicle bien”, decía, esperando que con este “lado económico, a ver si se terminan de convencer”.

El “fracaso” del modelo de recogida selectiva vigente

El informe “Los costes ocultos de la mala gestión de los residuos de envases” elaborado en 2021 por Greenpeace y Rethinking, ponía ya en evidencia el “fracaso del modelo de recogida selectiva vigente” en la gran mayoría del territorio nacional y la repercusión económica que provoca sobre las arcas municipales y que cifraban en 3.540 millones de euros, de los que 2.393 millones, es decir, el 67,6%, corresponden a la fracción resto, el contenedor gris.

Según este informe, los envases ligeros y de papel-cartón (ambos gestionados por Ecoembes) o de vidrio (gestionados por Ecovidrio) contenidos en la fracción resto, no sólo presentan una mayor dificultad para su recuperación, sino que ocasionan unos enormes costes, “que al no ser reconocidos como propios por los SCRAP (productores), terminan siendo asumidos y pagados por las Entidades locales”.

“Actualmente los SCRAP, tanto Ecoembes como Ecovidrio, niegan tener la obligación legal de hacerse responsables de los envases que no se recogen selectivamente. Esto implica que los costes generados por los envases contenidos en la fracción resto están siendo financiados por las Entidades Locales y por tanto con los impuestos que paga la ciudadanía”, concluye el informe.

La gestión que hace Ecoembes de sus envases (ligeros y papel cartón) a nivel estatal desde hace dos décadas supone que los ayuntamientos “están costeando con dinero público esta pésima gestión”. De esta manera, “la ciudadanía está pagando de su bolsillo 36,15 euros/año por este motivo, cantidad que asciende a 36,59 euros/año si incluimos la gestión de los envases de vidrio gestionados por Ecovidrio. Estos sobrecostes tienen que ser por ley pagados por los SCRAP y no lo están haciendo”, asegura el informe de estas dos organizaciones.