El grado de Medicina en la Universidad Loyola Andalucía comenzó a impartirse a finales de 2023 en su campus de Dos Hermanas (Sevilla) con 60 alumnos. Sin embargo, su implantación no fue sencilla: antes de recibir el aval definitivo del Ministerio de Universidades, el proyecto fue vetado por la Junta de Andalucía tras un dictamen técnico que cuestionaba la calidad académica y estructural del título.
La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), dependiente de la Junta, solicitó una evaluación externa a la Comisión de Evaluación de la Rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud, compuesta por "personas expertas del ámbito académico nacional e internacional, profesionales y estudiantes". En mayo de 2023, la comisión emitió un “informe de evaluación desfavorable”, señalando que la Universidad no había subsanado deficiencias clave detectadas previamente.
Entre los puntos críticos destacados, el informe apuntaba que "se echaba en falta, por ejemplo, una mayor garantía sobre los proyectos de construcción y dotación de laboratorios y sobre el centro de simulación clínica". Estos elementos fueron considerados insuficientes para garantizar una formación adecuada en los primeros años del grado.
Además, uno de los aspectos que más preocupaba a los evaluadores era el perfil del profesorado. Según el informe, "el 82,9% de la docencia estaba asignada a profesorado adjunto y profesorado asociado, quedando sólo el 17,1% asignada a profesorado titular y catedrático". Esta proporción fue considerada inadecuada para un título que exige altos niveles de especialización, experiencia y estabilidad docente.
Pese a esta evaluación negativa, la Universidad Loyola recurrió ante la Comisión de Reclamaciones del Consejo de Universidades, un órgano dependiente del Ministerio de Universidades. El recurso fue estimado en septiembre de 2023, lo que llevó a la ACCUA a constituir una nueva comisión evaluadora, integrada por otros miembros, que sí emitió un informe favorable.
El título fue finalmente aprobado por la Junta el 21 de noviembre de 2023, aunque con condiciones. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación exigió a Loyola un “plan riguroso y detallado en el que se recojan tanto la nueva programación docente que garantice la impartición de todos los créditos del plan de estudio para este primer año, así como las garantías legales para el proceso de matriculación y el calendario de exámenes”. Pocos días después, la universidad puso en marcha las clases.
La autorización del grado no evitó la controversia. Las 11 universidades públicas andaluzas criticaron la decisión y la calificaron como un trato de privilegio. En un comunicado conjunto, los rectores afirmaron que “no es viable jurídicamente” y lamentaron que la medida “daña notablemente la imagen de la enseñanza universitaria y perjudica el normal desarrollo de la docencia”.
El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, fue tajante: “Esto no beneficia a nadie, ni siquiera a la Loyola, porque empezar un título en estas condiciones no creo que muestre la mejor imagen de la educación superior”. También advirtió sobre la falta de igualdad de oportunidades, subrayando que “estas personas que van a entrar en la Loyola ninguna tiene nota de corte para entrar en Medicina en las universidades públicas andaluzas”.
Aunque la Junta ha defendido la legalidad del proceso, la implantación de Medicina en Loyola sigue siendo motivo de tensión institucional y debate sobre la expansión del modelo universitario privado en Andalucía. Las críticas no se centran únicamente en el fondo del asunto, sino en la celeridad del proceso y en el cambio de criterio tras la intervención del Ministerio.
El caso de Loyola ha reabierto el debate sobre qué nivel de exigencia deben cumplir las universidades privadas que aspiran a ofrecer titulaciones tan sensibles como Medicina. Mientras tanto, el grado sigue su curso, pero con una herida reputacional que aún no ha cicatrizado.
En paralelo, el debate sobre la proliferación de universidades privadas ha cobrado fuerza en el plano nacional. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, criticó recientemente la expansión de centros que operan como “universidades low cost”, con “menor cualificación del profesorado y exigencias académicas más laxas”. En su opinión, muchas de estas instituciones “carecen de los estándares mínimos necesarios para que la sociedad pueda confiar en los profesionales que forman”. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo endurecerá los criterios de creación para nuevas universidades privadas, con el fin de garantizar la calidad del sistema y evitar lo que algunos han calificado como “chiringuitos educativos”.
