Los trabajadores del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, están convocados desde la noche de este jueves a una nueva jornada de huelga en protesta por la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado, extremo que afecta a un centenar de los 198 miembros de la plantilla. Después de que el pleno del Ayuntamiento hispalense haya aprobado inicialmente la modificación de reglamentos necesaria para esta medida, el sexto teniente de alcalde y presidente de Mercasevilla, el concejal popular Gregorio Serrano, espera que todo el procedimiento esté "culminado" en mayo de 2013.
Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, ha informado a Europa Press de que esta nueva jornada de huelga arrancará a las 23,00 horas de la noche de este jueves con unos servicios mínimos de dos trabajadores para cada un de los turnos de los servicios de vigilancia y mantenimiento, así como tres empleados para la guardería. No obstante, ya a las 22,30 horas se celebrará una concentración a las puertas de las instalaciones de Mercasevilla, que hasta el momento ha registrado un seguimiento "masivo" de los diferentes paros técnicos promovidos contra la liberalización de la lonja de pescado.
Sobre el conflicto de la liberalización de servicios, por cierto, el concejal popular Gregorio Serrano explicaba recientemente que, después de que el pleno del Consistorio haya aprobado de forma inicial la preceptiva modificación de los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla, procede ahora la fase de información pública de cara a la aprobación "definitiva" de los nuevos textos de los reglamentos. Sus cálculos, según ha manifestado, apuntan al mes de mayo de 2013 para la "culminación" de este procedimiento, al que seguiría un expediente de regulación de empleo.
EXPEDIENTE EN LA COMISIÓN EUROPEA
Esta iniciativa parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.
Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).
EL PRONUNCIAMIENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.
Así, y merced a los "requerimientos", el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". El comité de empresa, de su lado, defiende que no pesan resoluciones definitivas sobre este conflicto y que el mencionado informe fue elaborado expresamente para justificar esta operación, toda vez que el derecho comunitario sería "inaplicable" en este caso al estar la empresa exclusivamente sujeta a la "regulación estatal".
