El Pleno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha aprobado llevar a cabo movilizaciones en las próximas semanas contra la política educativa de la administración, en especial contra los recortes y la pretendida reforma universitaria, con el visto bueno a una serie de protestas y encierros entre las que, sin embargo, se descartan a corto plazo el paro académico y la celebración de clases en la calle, ésta última una de las acciones que más visos tenía de realizarse.
Fuentes del organismo universitario han precisado a Europa Press que aunque la impartición docente en la vía pública era una opción que se barajaba --un sector de profesores ya había incluso apuntado a la fecha del 25 de abril y a la fachada del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, como lugar de celebración--, se ha decidido no realizarla ante la cercanía de los exámenes y la "elevada" carga docente del personal docente y de investigación. Igualmente, se ha considerado que "no es el momento" para acometer un nuevo paro académico.
Por contra, y además de iniciar el trámite de redacción de una propuesta de "contrarreforma" tras el Informe de Expertos presentado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sí se ha planteado apoyar la convocatoria de acciones de protesta por parte de Marea Verde para el próximo 25 de abril.
Por otro lado, el día 9 de mayo, fecha en la que hay convocada una huelga general en la educación, el Cadus ha aprobado secundarla e intentará definir un encierro para ese mismo día, siendo la idea el realizarlo en consenso y colaboración con profesores y personal de administración y servicios.
Las últimas acciones que tuvieron lugar por parte de la comunidad universitaria fueron el encierro de un centenar de estudiantes en el Rectorado o la organización de una donación de sangre simbólica en el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Ésta última fue organizada por la Asociación de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla (Adius), apoyada por el comité de empresa del personal docente e investigador laboral y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).
Con ello, además de promover la donación, se pretendía defender la universidad pública y denunciar la política de recortes que está sufriendo la institución, con las "graves" consecuencias que, entiende el colectivo, ello tiene para la calidad de la enseñanza y de la generación de conocimiento en el país.
La protesta, asimismo, supuso el pistoletazo de salida de una batería de medidas cuya ejecución debe concretarse en asamblea, pero que incluye, entre otros aspectos, la posibilidad de convocar una huelga para el próximo mes de junio en el seno de la US.
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