El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha remitido una carta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en la que pide que abra una investigación sobre el grado de cumplimiento de sus recomendaciones y sobre la gestión de la vivienda protegida y vivienda social por parte del Consistorio, la Gerencia de Urbanismo y Emvisesa, además de supervisar la actuación administrativa en cada procedimiento que afecte a los ciudadanos que solicitan una VPO o una rebaja de alquiler social.
Según el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, Espadas pone de manifiesto el "incumplimiento de manera absoluta" de las recomendaciones realizadas por Becerril por parte del Ayuntamiento, apuntando especialmente a que no se concede "rebaja alguna" del alquiler a pesar de las circunstancias concretas en cada caso y que tampoco se está llevando a cabo la recalificación de las viviendas sociales de venta a alquiler, pese a que fue aprobado por el Pleno tras una moción del PSOE, ambas cuestiones propuestas en su informe por la propia Defensora, quien apuesta por primar la función social de la vivienda y "no la rentabilidad".
Sin embargo, Espadas relata que, aunque el Pleno municipal aprobó cambiar la calificación de las viviendas para destinarlas a alquiler, "ni el Ayuntamiento ni Emvisesa han concretado a la Junta de Andalucía estas propuestas de recalificación para hacer frente a las actuales necesidades de vivienda", algo ante lo que el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, aseguraba además a través de una respuesta de la Comisión de Ruegos e Interpelaciones que "el no venderlas supondría unas ventas que no se pueden asumir", por lo que el PSOE advierte de que se están primando los intereses mercantiles a los de la función social.
Además, alerta de que, pese a las recomendaciones de Becerril, "no existen registros de viviendas públicas, ni en el que se inscriban promociones privadas ni en el que se recojan inmuebles destinados a supuestos de emergencia social". Recuerda que el Ayuntamiento ha reconocido la existencia de 184 viviendas en venta vacías, mientras que en alquiler vacías hay en proceso de adjudicación 15 en primera y 67 en segunda, además de "once ocupaciones supuestamente ilegales". "Son datos incompletos porque no se tienen en cuenta las viviendas que aún hoy dependen del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento, en el que se desconoce el nivel de ocupación", concluye.
Igualmente, lamenta que el equipo de Juan Ignacio Zoido haya renunciado de manera "explícita" a cualquier forma de colaboración con la Junta de Andalucía y "no ha previsto ninguna forma de colaboración con entidades ciudadanas". También, apunta a que el Ayuntamiento tiene su propio personal de inspección pero que "limita sus funciones casi exclusivamente al cobro de rentas".
"Se da la circunstancia que una vivienda protegida adjudicada en su día a un concejal del gobierno local se encuentra además ocupada por una persona diferente al adjudicatario, al parecer con un contrato de alquiler", advierte, tras concluir que "no se ha arbitrado un procedimiento para establecer la preferencia entre los demandantes que voluntariamente estén dispuestos a acceder a viviendas vacías, asumiendo ellos mismos las reparaciones precisas.
