La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves una fianza de responsabilidad civil de 91.821,18 euros para dos cuñados del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas que se encuentran imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya tras ser incluidos como 'intrusos' en Dhul.
En este sentido, fuentes del caso han informado a los periodistas de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha imputado tanto a Carmelo Cruz como a Ángeles Sierra, ambos cuñados de Juan Lanzas, tres delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación.
Ambos imputados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha solicitado para cada uno una fianza civil de 91.821,18 euros, a lo que hay que sumar el tercio legal previsto, cantidad que resulta de la póliza que cobraron tras ser incluidos como 'intrusos' en Comercial Alimentaria Dhul.
De su lado, las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias han solicitado a la instructora que les imponga una fianza civil de 154.000 euros --cantidad en la que va incluida el tercio legal mencionado--.
Con anterioridad, ha comparecido ante la magistrada el exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Justo Mañas, que también se ha acogido a su derecho a no declarar y para quien Anticorrupción ha pedido una fianza civil de 7.282.653,31 euros, así como la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica en el juzgado, petición a la que se ha adherido el sindicato Manos Limpias. De su lado, ni la Junta ni UGT han solicitado para el imputado medida cautelar real alguna.
El abogado del exalto cargo, a quien la juez ha imputado sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos, ha defendido que todas las actuaciones de su patrocinado estuvieron avaladas por los informes de los servicios jurídicos de la Junta.
LA IMPUTACIÓN DE ALAYA A JUSTO MAÑAS
Justo Mañas, que fue viceconsejero de Empleo entre el 1 de abril de 2010 y el 10 de mayo de 2012, fue imputado por la magistrada Mercedes Alaya el pasado mes de junio junto a otros 19 cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
En este sentido, y en el auto por el que le imputó, la juez señaló que durante el año 2010 "se prescinde" en el presupuesto andaluz "del uso de la partida de transferencia de financiación a la agencia IDEA, y se tramitarían las subvenciones del programa 31.L --conocido como 'fondo de reptiles'-- con cargo a una nueva partida presupuestaria que exigía el cumplimiento de la normativa de subvenciones y fiscalización previa".
"Sin embargo", asevera la juez, "el procedimiento de gestión de esa partida seguido por la Consejería de Empleo --encomienda de gestión de 27 de abril de 2010--, así como el de fiscalización aplicado por la Intervención Delegada en dicha Consejería, fue el mismo que se venía aplicando a las transferencias de financiación".
